Los senadores oficialistas no necesitaron recurrir a la mayoría que ostenta en ese cuerpo, para aprobar sin sobresaltos –aunque con mucha discusión previa- la nueva Ley de Tránsito para la provincia que adhiere a la norma vigente en la materia a nivel nacional, sancionada hace instantes por la Cámara Alta por unanimidad “en general”, y objeciones en particular por parte de la oposición legislativa.

Es que pese a lo controvertido de la norma, la totalidad de los bloques con representación parlamentaria acompañaron la sanción de la Ley en general –aunque con fuertes cuestionamientos y objeciones en particular- para salir de la encrucijada que tenía a la Provincia al límite de la Ley, con el vacío legal que existía en territorio bonaerense en la materia.

La norma, que ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados, le da sustento legal a la reaparición de los polémicos radares en las rutas de la Provincia, que controlarán la velocidad a la que se circula.

Con la reglamentación de la norma, la Provincia anunció la instalación de 180 radares distribuidos en las principales vías de circulación provincial, entre los que se dispondrán 140 ‘fijos’ y 40 ‘móviles’ que irán rotando su control. Con una salvedad: para ser operativos y cumplir con esa ley, deberá advertirse a los automovilistas la presencia de ese tipo de controles, con carteles indicativos visiblemente instalados en su zona de acción.

Las velocidades permitidas en la provincia de Buenos Aires estipulan una máxima de 110 kilómetros por hora en la rutas del interior y de 130 como tope para las autopistas.

La nueva ley impone a los conductores de motocicletas, la utilización de un mecanismo de ‘control’ importado por Scioli de su último viaje a Colombia: la utilización obligatoria de casco y chalecos con la indicación del número de patente del vehículo, para poder transitar.

El debate que puso en jaque hoy la posibilidad de que la norma fuera finalmente sancionada por el Senado –aunque el oficialismo siempre contó con el salvoconducto de la mayoría especial con la que ostenta en el cuerpo- giró en torno a las facultades otorgadas al Jefe de Gabinete, Alberto Pérez, para designar a los nuevos jueces de tránsito que estipula la Ley con el sólo requisito de tener título de abogado, pero obviando –como reclamaba la oposición- el mecanismo de proponer una terna de aspirantes, tal como ocurre en el trámite habitual de designación de magistrados.

El derrotero de la norma

Polémica, la iniciativa fue materia de encendidos debates dentro y fuera del recinto y sucesivas modificaciones, desde que la Provincia de Buenos Aires –aún durante la gestión del ex gobernador Felipe Solá- decretó la “Emergencia vial” como consecuencia de un fuerte incremento de los accidentes que ubicaron a la Provincia a la cabeza del ranking de muertes en las rutas, a principios de 2007.

El tema fue discutido durante largo tiempo en el Senado provincial hasta que ese cuerpo finalmente la aprobó y giró a Diputados para su conversión en Ley. Pero con la llegada del actual gobernador, ingresó a la Legislatura otro proyecto particularmente enfocado a la adhesión de la Ley nacional vigente en la materia.

La demora en la sanción definitiva de la norma provocó quejas –aunque todas en voz baja- en la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el órgano máximo de aplicación de la norma, desde donde se objetaba a la Provincia “falta de compromiso” para saldar el virtual vacío legal que existía en la materia, que despertó críticas de parte de las ONG que trabajan con esa problemática.

Finalmente, la Cámara de Diputados destrabó la discusión en su última sesión de la semana pasada, tras emitir un dictamen luego de constituir la Cámara y aprobó el texto, ahora refrendado por el Senado pese a las críticas de la oposición que alegaban “desconocer” los pormenores de la iniciativa, aunque finalmente la acompañaron.

Polémicas atribuciones al jefe de Gabinete

Hablada como pocas, la norma cosechó en la previa de la sesión de este miércoles en el Senado otro punto conflictivo, particularmente en relación a las facultades que le otorga a Alberto Pérez para designar jueces de tránsito, sin ningún tipo de participación legislativa en el nombramiento, tal como sí existe en otro tipo de designaciones de funcionarios judiciales para las cuáles el Senado debe prestar acuerdo.

Según lo estipula el proyecto aprobado, el jefe de Gabinete podrá resolver quién ocupará la función de Juez de Tránsito, con el sólo requisito de poseer título de abogado y contar con al menos tres años “de práctica profesional”.

La oposición objetó particularmente ese punto, particularmente con dos observaciones al respecto:

Por un lado pedían que los postulantes reúnan los requisitos de ser Argentino, 25 años, Abogado y no como se consigna en el artículo 29 del proyecto aprobado 3 años de “práctica profesional” sino de “ejercicio” o tener 3 años o más de “inscripción en la matrícula”. Con la redacción actual se considera que cualquier persona que nunca ejerció como abogado puede ser designado juez por el jefe de Gabinete y Gobierno de la provincial.

También en la oposición reclamaban que, al tratase de jueces administrativos, la designación debería hacerse siguiendo el procedimiento que existe para casos análogos. Así, se entiende que debería dársele intervención a la legislatura, concretamente al Senado, a través de la proposición de una terna de postulantes para aceptar el cargo, previo concurso de antecedentes y oposición.

Otros de los puntos que fueron fuertemente objetados por los senadores opositores en el día de hoy en jornada de “alta velocidad” es que en el artículo 17 se establece un “doble control”, ya que se dispone la realización de la VTV y luego también persigue un “fin netamente fiscalista”, ya que allí también se controlará la situación fiscal del automóvil y/o verificar si su titular es pasible de habérsele labrado actas de infracción, cuestione que tendrá que enfrentar para cumplimentar el trámite.