En el año 2003, los deudores podían diferenciarse entre los que contrajeron sus deudas durante la Ley de Convertibilidad y aquellos que la adquirieron antes de la misma, es decir, preconvertibilidad (en general, todos estos son deudores del ex Banco Hipotecario).

Sin embargo, el objetivo final de dicha política oficial es evitar los remates de miles de familias que compraron una vivienda única y familiar.

Para los primeros (deudores durante la Ley de Convertibilidad) se creó –mediante la ley 25.798- el primer fideicomiso, administrado por el Banco Nación, a tales fines. Pero quedaban fuera del marco de dicha ley los deudores con sentencia firme o cosa juzgada. A raíz de esto, el Ejecutivo nacional envía al Congreso un proyecto cuyo objetivo es que aquél fideicomiso administrado por el Banco Nación cancele la totalidad del monto de las sentencias firmes (se calculan alrededor de 4.000 familias).

En esta oportunidad, la diputada mendocina Patricia Fadel pidió la incorporación del proyecto sobre tablas, y tuvo el apoyo de las bancadas opositoras para su incorporación. El proyecto del PEN fue aprobado hoy unanimidad en la Cámara de Diputados.

Con la ley aprobada, se frenan todos los remates en curso, y los deudores tendrán la posibilidad de refinanciar los montos con el fideicomiso en un tiempo máximo de hasta 20 años y, en casos excepcionales, de hasta 30 años. Las cuotas no podrán superar el 25% del ingreso familiar.

Cabe recordar que para los segundos (deudores con el ex Banco Hipotecario, preconvertibilidad) a fines del 2006 se aprobó -a través de la ley 26.167- la suspensión de las ejecuciones de sentencias (alrededor de 8400 familias) que tuvieran por objeto el remate de la vivienda única y familiar y la suspensión del plazo los desalojos ordenados en los procesos por ejecuciones hipotecarias de vivienda única y familiar. Y se aprobó, asimismo, un procedimiento especial en el que se estableció de qué manera el juez debía liquidar dichas deudas. Esa ley fue abalada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien la declaró constitucional.

Asimismo, y para dar una solución de fondo al problema, en 2007 -a través de la ley 26.177- se creó la Unidad de Reestructuración compuesta por miembros del Ministerio de Economía, del Ministerio de Justicia y Seguridad nacionales, representantes del Banco Hipotecario S.A., de las asociaciones de deudores del ex Banco Hipotecario, y legisladores nacionales entre los que se encontraba la diputada por Mendoza, Patricia Fadel.

El objeto de dicha unidad fue analizar la situación de los deudores y concretar una propuesta de reestructuración de la totalidad de los mutuos hipotecarios pactados entre los adjudicatarios y el ex Banco Hipotecario Nacional, y concertados con anterioridad a la vigencia de la convertibilidad del austral.