El bloque SI y Claudio Lozano están enfrentados al Gobierno, pero con una posición “más flexible y constructiva”, según se definen ellos mismos. No acompañaron la resolución 125, pero tampoco estuvieron presente en el intento de realizar una sesión especial por retenciones a los granos y así se diferenciaron de la Coalición Cívica, sector político de donde vienen la mayoría de ellos.
Los ex aristas nucleados ahora en Solidaridad e Igualdad, que preside Eduardo Macaluse, junto al economista de la CTA, Claudio Lozano, forman un interbloque de diez diputados que serían importante a la hora de conseguir los 129 y poder lograr quórum.
Tras el primer intento de sesión especial por el campo de 2009, Lozano explicó: “No compartimos el pedido de sesión especial ni el proyecto que se presenta, porque desfinancia de manera exagerada al sector público y distribuye de manera inequitativa los resultados de la rebaja en las retenciones”.
“Ni todo el campo necesita que se le bajen las retenciones ni es cierto que, de realizarse una sesión especial, el único tema para tratar sea el del sector agropecuario. Hay muchas otras cuestiones como la pobreza, el empleo, los salarios, las jubilaciones, las tarifas que merecen la atención de este parlamento y de cada uno de sus integrantes”, sostienen.
Pero, además, “tampoco compartimos el proyecto en torno al cual se convocó a la sesión especial, por varias razones:
* Porque es exagerada la rebaja en el nivel general de las retenciones. Por ejemplo la soja, que en el proyecto citado queda con una retención del 25%, podría tener una retención del 31% si se tomara en cuenta un criterio razonable de retenciones móviles en consonancia con la baja de los precios vivida a nivel internacional. En el caso del trigo, que en el proyecto queda con una retención del 15 %, el nivel lógico sería del 20 % y en el girasol, en lugar del 15% debería ser del 27 %.
* Porque hay una escasa segmentación en el proyecto y una ausencia de diferenciación en el tipo de productor. Como consecuencia de estas dos cuestiones, la aplicación de este proyecto implica una elevada desfinanciación del Estado (perdería, por ejemplo, casi el 60% de la recaudación por retenciones a la soja) y el beneficio se repartiría de manera muy desigual. Se concentraría 10 a 1 en, apenas el 4 % de los productores. Así, mientras un productor de más de 10.000 toneladas se quedaría con una oxigeno de más de u$a 400.000, los productores chicos se quedarían con apenas u$a 32.000.
Por lo tanto, porque desfinancia de manera exagerada al sector público y porque distribuye de manera inequitativa los resultados de la rebaja en las retenciones, entendemos que no corresponde plantear un proyecto de esta naturaleza. Desde nuestro punto de vista, a los niveles generales de retenciones que ya mencionamos se los debería acompañar con una profunda segmentación, que establezca categorías mucho más precisas como monotributistas, hasta 300 toneladas, hasta 600 toneladas, hasta 1000 y de 1000 en adelante.
Por último, tampoco compartimos la sesión especial convocada por que es el resultado de la estrategia política de una oposición consentida, que solo corre presurosa frente a las demandas del campo cuando entiende que con esto gana votos.
