En el transcurso de estos últimos días de campaña electoral el punto de atención está lógicamente concentrado en lo que hace a los comicios, pero el día después deja un frente de tormenta importante.

Son varios los aspectos económicos que han quedado para tratarse a partir de julio, y en gran medida, se podría decir que es quizás exagerado haber postergado el tratamiento de algunos de ellos.

En primer término, el Gobierno deberá enfrentar a partir del segundo semestre del año, sea cual fuera el resultado eleccionario, un grave problema de financiamiento que tiene el país.

Es muy improbable que el Estado pueda seguir recurriendo al autofinanciamiento, porque los recursos ya no dan para cubrir todas las necesidades que tiene el Gobierno.

Parte de esto ya se vio en el balance de las cuentas públicas de abril, las cuales arrojaron un déficit en el sector financiero de 1.700 millones de pesos, algo que prendió luces de alerta. De allí es que el primer frente de tormenta que tiene el Gobierno y que deberá ver cómo lo traspasa es la situación del financiamiento unido a un panorama fiscal más estrecho.

El segundo, vinculado directamente a la situación presupuestaria, es el de las provincias, ya que hay varios estados del interior del país que empiezan a tener déficit importante, que no pueden responder a los reclamos de incrementos salarios de sus empleados públicos y que en algunos casos desembocarían nuevamente en la creación de bonos o cuasimonedas.

“Indudablemente que no va a ser fácil después de las elecciones poder disponer de una ayuda general como reclaman algunas provincias”, admitió una importante fuente de Casa de Gobierno.

Sin embargo, el mismo funcionario consideró que para la segunda parte del año se prevé que los precios de los commodities en el mercado internacional continúen mejorando y con ello se incremente la recaudación tributaria.

No obstante, son varios los especialistas que coinciden que en la segunda parte del año la recaudación tributaria tendría que aumentar en el orden del 20 al 25 por ciento anual como para no tener problemas en el frente fiscal, una situación muy distinta a la actual.

En estos momentos, la recaudación, en forma interanual, está aumentando entre 12 o un 13 por ciento anual, algo que resulta sumamente exiguo frente a un incremento del gasto público del 30 por ciento.

Pero, a la vez, se empieza hablar de algunas medidas drásticas. Hay quienes aseguran que después de las elecciones el Gobierno podría disponer un freno o una suspensión momentánea en determinadas obras públicas.

También se menciona la idea de aplicar un denominado bono patriótico, iniciativas siempre complicadas y polémicas, porque se basaría en la colocación forzada de un título público a las entidades financieras.

Está claro que después de los comicios otros de los puntos esenciales es que se recupere la confianza en el país y en el Estado como para incrementar los alicaídos niveles de inversión que registra la Argentina en este momento.