Una de los proyectos que avalan el slogan “La Seguridad se hace” del primer candidato a diputado de la provincia de Buenos Aires por el peronismo disidente aliado con el macrismo es justamente el que ha vuelto a presentar Francisco De Narváez una vez más.

Luego de haber perdido estado parlamentario ya que no fue tratado en comisión desde el 2007, la iniciativa (2764-D-2009) intenta regular la circulación de armas de fuego y así poner un límite a los hechos delictivos ya está en la agenda legislativa para ser debatida.

El proyecto, según destaca Parlamentario.com, prevé un sistema único de control de seguridad para la importación, fabricación, comercialización, manipulación y decomiso de armas de fuego, que será complementaria de la ley Nº 20.429.

En la fabricación de armas en todo el territorio nacional, según la iniciativa de De Narváez, será obligación del fabricante colocar la numeración serial consignada a cada arma de fuego en uno o varios sectores visibles de la misma, y además en algún sector oculto, que no constará en los manuales de uso sino que será informado exclusiva y excluyentemente al Registro Nacional de Armas, que llevará un registro según la reglamentación pertinente, y que será dado a conocer únicamente a requerimiento judicial.

En caso de importación de armas fabricadas en el extranjero, el proyecto establece que “será obligación del importador verificar que las mismas posean ya la numeración secreta anunciada en el párrafo anterior, y en caso negativo será a su cargo la impresión de la misma en las armas importadas una vez arribadas a territorio nacional. No podrá concluir el trámite en la aduana, ni ser comercializadas, ni puestas en circulación de ninguna forma, sin cumplimentar la colocación de la numeración serial en el sector oculto”.En la iniciativa se aclara que será requisito la intervención de un oficial del Registro Nacional de Armas que certifique la existencia de la numeración oculta.

También se estipula que toda arma que se ingrese en el Registro Nacional de Armas a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberá ser previamente examinada en cuanto a su aptitud para el disparo y su regular funcionamiento. Allí se disparará con munición idónea porque luego el proyectil resultante y la vaina servida deberán ser digitalmente fotografiados en todos los sectores en que presente signos dejados por la emisión del disparo -estriados y deformaciones en el proyectil, deformaciones en el culote de la vaina por el accionamiento del martillo percutor-, y las vistas resultantes serán ingresadas en una base de datos para futuros cotejos que pudieran requerirse por autoridades judiciales o estatales de otra índole, cuya implementación y mantenimiento queda a cargo del Poder Ejecutivo, o en su defecto del Registro Nacional de Armas.

La base de datos mencionada deberá tener aptitudes para registrar todas las deformaciones causadas al proyectil y la vaina servida, y que posibiliten la preservación de la información. El sistema deberá permitir su cotejo con otro proyectil o vaina servida que sea ingresada en él.

Sobre la renovación del registro de las armas, tendrá como requisitos la realización de la impresión de la numeración secreta y la registración en la base de datos. Para la habilitación como legítimo usuario y/o portador de armas será necesaria la constatación de las aptitudes psicofísica; capacidad de disparo y la manipulación segura de armas; carencia de antecedentes penales condenatorios o expedientes judiciales en trámite; acreditación de la finalidad para la que se requiere; y constatación del domicilio real, aportando teléfono de base, celular y dirección de correo electrónico.

Asimismo, al vencerse alguna de las habilitaciones será obligación del RENAR la intimación al particular o persona jurídica correspondiente la iniciación de los trámites de renovación en el plazo de quince días, notificándolos en el domicilio constituido en el trámite de habilitación. Pasado el término establecido, requerirá al intimado a que en el término de cinco días haga entrega al Registro de las armas y las pertinentes credenciales habilitantes, bajo apercibimiento de requerir la intervención del órgano judicial competente para la solicitud del registro domiciliario y secuestro.

En el caso de que se venza el plazo y no haya renovado su habilitación, cuando se constatare la ausencia de entrega de las armas y sus credenciales sin que se hubiera acreditado legítimo impedimento, el Registro Nacional de Armas remitirá los antecedentes al Juzgado Federal con jurisdicción en la localidad del domicilio del habilitado, y requerirá el registro domiciliario y secuestro de las armas y sus credenciales.

La omisión de entrega del arma o credenciales impondrá la imposición de una multa, que para el caso de los particulares oscilará entre los mil y los diez mil pesos, y para el caso de las personas jurídicas oscilará entre los diez mil y los cien mil pesos.

Una vez recibidos los antecedentes y sin perjuicio del procedimiento establecido, se convocará a formular descargo en forma oral o escrita al acusado, en el plazo de quince días de iniciados los obrados. Una vez cumplimentado el mismo, procederá a dictar la sentencia pertinente en el plazo de cinco días. Contra el pronunciamiento corresponderá un recurso de apelación ante la Cámara Federal competente, que deberá ser interpuesto dentro del quinto día de notificado, y resuelto en el término de treinta días.