Artículo 1º: Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo nacional, ratíficase en el Poder Ejecutivo nacional, a partir del 24 de agosto de 2009, por el plazo de un año, y con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo nacional, la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia publica, emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento. El titular del Poder Ejecutivo nacional y el jefe de Gabinete de Ministros ejercerán exclusivamente las facultades delegadas, con arreglo a los dispuesto en el artículo 100 incisos 4 y 12 de la Constitución Nacional y la ley Nº 26.122. En cada caso, deberá citarse la norma jurídica en la cual se enmarca la delegación legislativa, determinando número de ley y artículo.

Artículo 2º: Créase en el ámbito del Congreso Nacional una comisión bicameral especial, integrada por ocho senadores y ocho diputados, elegidos por las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, respetando la pluralidad de la representación política de cada Cámara y cuyo presidente será designado a propuesta de la primera minoría parlamentaria.

Artículo 3º: Dicha comisión tendrá como misión y tarea revisar, estudiar, compilar y analizar dentro de los 240 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presenta ley, prorrogables por treinta días si resultare necesario y así lo decidiesen por mayoría los miembros de la Comisión Bicameral Especial, la totalidad de la legislación delegante preexistente en virtud de la Disposición Transitoria Octava de la Constitución Nacional, con la finalidad de elevar a conocimiento del presidente de cada cámara antes de expirar su plazo, y no más allá del 30 de junio de 2010, un informe final contenido conclusiones idóneas. El informe se pondrá a disposición de todos los bloques.

Entre otros puntos, el informe debe analizar: a) cuales son las leyes que delegan facultades; b) cuales de ellas están vigentes; c) cuales fueron modificadas, derogadas o son de objeto cumplido; d) si las materias se corresponden con lo regulado en el art. 76 de la C.N.

Artículo 4º: La Comisión dictará su reglamento de funcionamiento interno y establecerá su estructura de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Ante una falta de previsión en el reglamento interno y en todo aquello que es procedente, son de aplicación supletoria los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados, prevaleciendo el reglamento del cuerpo que ejerce la presidencia durante el momento en que es requerida la aplicación subsidiaria.

Artículo 5º: Para cumplir su cometido, la Comisión deberá conformar un Equipo Técnico Jurídico con profesionales de reconocido prestigio y experiencia legislativa. El equipo deberá funcionar en el ámbito del Congreso Nacional.

Artículo 6º: La comisión estará facultada para requerir información; consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia; formular observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes.

La Comisión podrá requerir el asesoramiento de:
a) las áreas legales de los distintos ministerios, secretarías, Banco Central, AFIP, ANSES, entes autárquicos y descentralizados y todo organismo público, los cuales a solicitud de la mayoría de la Comisión podrán proponer un asesor de enlace.
b) Académicos, técnicos e informáticos de centro de investigación, universidades y profesionales especialistas en cada materia.
c) La comisión de juristas en virtud de la ley Nº 24.967, a la Comisión Bicameral Permanente creada por la Ley Nº 26.122 y valerse de cuantas demás atribuciones cuente conforme a lo establecido en esta ley y en su propio reglamento.

Artículo 7º: los servicios jurídicos de los distintos organismos, la procuración del Tesoro de la Nación y Secretaría Legal y Técnica de Presidencia de la Nación, deberán poner a disposición de la Comisión en el plazo de dos meses, de iniciada la tarea de ésta, un listado con las leyes delegantes anteriores a 1994 que a su juicio sean herramientas relevantes para la gestión de Gobierno.