La senadora nacional Blanca Osuna consideró como un “importante logro” la aprobación de la ley que amplía el régimen jubilatorio a docentes universitarios y que se constituye en una “respuesta a una demanda del sector largamente esperada”.

Según señaló la legisladora, la nueva ley representa una “reivindicación a los derechos de los docentes universitarios y hace justicia en una situación discriminatoria en relación con otros docentes y los investigadores, a la vez que pone en valor y dignifica la labor docente y significa un estimulo para los profesores universitarios”.

“Cabe recordar que hasta ahora sólo los docentes investigadores y con dedicación exclusiva accedían a un régimen especial jubilatorio, por el cual se incluía solamente al 20 por ciento de la planta docente universitaria. Con la aprobación de esta ley se incorpora al 80 por ciento restante, beneficiando al conjunto de los docentes”, señaló.

Osuna explicó que con esta se benefician los docentes de las universidades nacionales, con dedicación simple y semiexclusiva, y con dedicación exclusiva que no realicen y/o dirijan actividades técnico – científicas de investigación. La edad requerida para jubilarse será de 60 años para las mujeres y de 65 para los varones, pero ambos pueden optar por mantener la relación laboral hasta los 70 años. Tienen que ser 25 años de servicios universitarios docentes de los cuales 10 como mínimo, continuos o discontinuos, al frente de alumnos. Se realiza un aporte jubilatorio diferencial del 2 % que se aplicará a partir de las remuneraciones que se devenguen para el mes siguiente al de la promulgación de la presente medida e integrará el Fondo Especial Docente Universitario.

La nueva norma dispone que el porcentaje del haber jubilatorio al cese es del 82 % con movilidad directa ligada a los aumentos a los trabajadores activos y además incorpora un plus por la simultaneidad de cargos.

“Otras de las incorporaciones importantes y significativas –agregó la senadora- es el derecho a la jubilación por invalidez, cualquiera fuese su edad, cuando se incapaciten física y/o psíquicamente y para lo cual no se requieren tiempo mínimos de servicios cumplidos. Y además la incorporación del beneficio de pensión a los derechohabientes cuando el deceso se produjera mientras el docente se encuentra en ejercicio de la actividad docente, cualquiera fuera su antigüedad o falleciera habiendo obtenido la jubilación ordinaria o por invalidez conforme la presente ley”.

“En los últimos años el gobierno nacional ha sostenido claras y contundentes políticas de apoyo a la educación como el aumento de la inversión en las universidades nacionales en más del 400% y de los salarios docentes en más de 300 % que confirman la prioridad que este gobierno asigna a la educación y a los docentes y por otro lado medidas de inclusión previsional y mejora de las jubilaciones en general y es en este marco en que se inserta esta ley”, concluyó.