La diputada nacional Claudia Bernazza presentó un proyecto de ley por el cual se postula un Sistema Integral de Medidas para garantizar los derechos de la infancia y adolescencia. El mismo define estrategias, instrumentos y reglas de actuación a partir del reconocimiento de respuestas comunitarias.

La iniciativa establece que el Estado debe no sólo definir los derechos de la infancia y adolescencia, sino también posibilitar su ejercicio. De esta manera, el proyecto considera que el vínculo comprometido y estable que puedan entablar una o más personas u organizaciones con niñas, niños y adolescentes permite el ejercicio de estos derechos, así como la elaboración de un proyecto de vida y la asunción de responsabilidades.

Al respecto, la autora del proyecto sostiene que “antes que pensar y dictar sanciones para adolescentes en conflicto con la ley, y para atender incluso el problema de la seguridad de terceros, debemos saldar esta vieja deuda. Esta es la verdadera deuda pendiente de los poderes públicos”.

Para el fortalecimiento de los vínculos familiares y sociales de los chicos, la iniciativa presentada por la legisladora del FpV establece que el Estado debe reconocer la participación de personas y organizaciones de la comunidad que colaboran con las familias en riesgo o trabajan por la superación de situaciones de injusticia.

Para la diputada Bernazza, la solución de los problemas de la infancia no surge de la aprobación de regímenes penales, sino que “surge del vínculo directo con niños y jóvenes, del compromiso con sus necesidades e inquietudes. La única forma de abordar los desafíos que propone la adolescencia en riesgo es desde el compromiso, no sólo estatal, sino también social. La sociedad debe tener respuestas claras de acompañamiento de jóvenes y adolescentes, tales como casas de abrigo, padrinazgos u otras respuestas. Si la sociedad no los reconoce entre sus integrantes, los chicos expresarán su desamparo sin medir las consecuencias, muchas veces con inusitada violencia”.

El proyecto destaca la importancia de los vínculos estables y sostenidos de los niños y adolescentes con sus familias primarias, sus familias ampliadas y sus espacios sociales de pertenencia. Para fortalecer o recuperar estos vínculos, el proyecto reconoce el acompañamiento de los jóvenes por parte de personas cercanas a ellos, o la posibilidad de acordar modalidades de convivencia alternativas en el seno familiar o comunitario, como estrategias para el resguardo o restablecimiento de derechos y/o ante la eventual o efectiva responsabilidad penal. La iniciativa subraya la figura de padrinazgos, tutorías juveniles, núcleos de convivencia alternativos y pequeños hogares, como modalidades que colaboran con el núcleo familiar de origen.

Para la legisladora, “muchas veces, por miedo a caer en las tradicionales medidas de internación, no tomamos medida alguna. Es así que el Estado termina ausentándose a la hora de garantizar ´espacios de infancia´”. Al respecto la diputada sostiene que “los núcleos familiares ampliados, los militantes populares, las organizaciones sociales y las respuestas barriales originales y propias de cada lugar, aportan una red de vínculos a los ámbitos de la consanguinidad. Y si bien el Estado no puede resolver el tema de los vínculos, puede generar las oportunidades para su construcción. Por lo tanto, debe reconocer respuestas de acompañamiento y convivencia que la propia comunidad genera, sin confundirlas con la internación clásica”.

El proyecto establece la creación del Observatorio de Prácticas y Estrategias de Atención de la Infancia y la Adolescencia, un ente público participativo que tiene por objetivo implementar un sistema de información sobre estrategias y prácticas de atención de niños y jóvenes en riesgo social o en conflicto con la ley.