Apenas cinco proyectos con estado parlamentario plantean crear un subsidio universal para todos los niños. ¿Cómo buscan financiarlo? Las trabas que pone el oficialismo.
Por Pablo Winokur
En la Argentina el 33,5% de las personas son pobres. En chicos y jóvenes el tema afecta aún más: 6.291.032 menores de 18 años son pobres, lo que representa el 47,2%. Esto no sólo supone una amenaza para el presente, sino que es una traba importante para pensar en el futuro: en unos años la mitad de los adultos habrán crecido en situación de pobreza. Frente a este tema, surgió con fuerza el debate sobre la universalización de los planes sociales para la infancia.
La economía es la ciencia que estudia la circulación y distribución de bienes escasos. Cualquier economista dirá que como el dinero que hay en la calle no es infinito hay que ser muy cuidadoso sobre la forma en que se lo asigna. Antes de pensar cualquier política pública es necesario pensar de qué manera se financiará. Es decir, el cómo antes del de qué.
En cambio, la política es una ciencia que estudia el manejo de lo público, de aquello que es de todos, aspirando al bienestar de la mayoría de las personas. Una vez que se asigna la prioridad, se piensa cómo. Aún sabiendo que la forma en que se deba implementar esa política pública generará reclamos, protestas, conflictos…
En los últimos días se empezó a discutir, de manera informal, la aplicación de un ingreso universal para la niñez. El tema se instaló luego de la aprobación de las facultades delegadas en Diputados. Al final de esa sesión, el titular de la bancada oficialista, Agustín Rossi, anunció que en los próximos días se debatiría la posibilidad de universalizar los planes sociales para paliar la pobreza.
Así se armó un plenario de comisiones que se encargará de estudiar las distintas propuestas que existen en la Cámara, la mayoría de ellas de autoría de la oposición. Las comisiones involucradas serán las de Trabajo, Familia y Salud, presididas por los oficialistas Héctor Recalde, Juliana Di Tulio y Sylvestre Begnis, respectivamente. Llamó la atención la ausencia de la de Presupuesto, máxime teniendo en cuenta el pedido de la Presidenta. “La primera discusión que tenemos que dar es saber qué masa de recursos vamos a necesitar, además de las ya asignadas”.
Cristina Fernández de Kirchner, como una economista, se preguntó “¿cómo?”. Con otras palabras terminó aseverando que es casi imposible. Claro que la Presidenta no es economista sino política. Y sabe que el “cómo” no es tan importante; lo central es la voluntad política de implementarlo. Este Gobierno no está convencido de que la universalización sea la mejor opción para terminar con la pobreza.
Cuando se les pregunta cómo, la mayoría de los legisladores opositores aseguran que el tema se soluciona con voluntad política. Sin embargo, todas las propuestas tienen algunas alternativas de financiamiento que terminarían descomprimiendo la situación y dando la posibilidad de que todos los chicos, independientemente de la situación ocupacional de sus padres, cobren entre 135 y 200 pesos por mes. ¿Imposible?
De ingresos y egresos
Existen dos maneras de financiar este proyecto. Según cuánto sea el monto que se necesita para sustentar ese programa oscila entre los 20.000 y 30.000 millones. Teniendo en cuenta que el Presupuesto nacional anual es de 233.817,6 millones de pesos, la universalización de los planes por hijo insumiría más de un 10% de los fondos que gasta el Estado en todo concepto.
¿De dónde sacarlos? Existen dos formas de obtener ese dinero. Como siempre, en materia presupuestaria los números se ajustan aumentando los ingresos o reduciendo otros gastos.
El principal proyecto con estado parlamentario es de la diputada Elisa Carca (CC – Bs.As). Se lo mira con especial atención porque es una iniciativa que se viene presentando sucesivamente desde 1996 y que fue elaborada por la propia Carca y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Siempre fue el principal caballito de batalla de ese espacio.
“El Incentivo Ciudadano para la Niñez (INCINI) consistirá en una suma de dinero uniforme, abonado mensualmente, para cuyo acceso no se establecen condicionantes o requisitos adicionales, sea por parte de los beneficiarios directos (los niños y niñas) como de sus padres o tutores. Es decir, no se exigirá que alguien sea declarado incapaz, haber contribuido previamente con una prima de seguro (privado o público), o que se demuestre que sus familiares estén desocupados o viviendo en situaciones de pobreza o indigencia”, explica la legisladora.
En estos 13 años fueron variando los montos y también los mecanismos de financiamiento. La versión actual de la propuesta dice que cada chico recibiría 130 pesos hasta los cinco años y 214 desde los cinco a los 18. Junto con el corrimiento ideológico de la Coalición Cívica, se dejaron de lado los aumentos de ciertos impuestos como parte de la financiación del programa.
“Para evaluar adecuadamente la viabilidad financiera del Incentivo Ciudadano para la Niñez es preciso tomar en cuenta el concepto de ‘costo financiero neto’; esto es, el volumen de recursos adicionales requeridos para su implementación”, explica Elisa Carca. “Al respecto, conviene recordar la existencia de una serie de programas que captan y transfieren poder adquisitivo a las familias, fundados en la niñez, los que deberían reformarse o suprimirse y sus recursos ser aplicados al financiamiento de este programa”, agrega.
El proyecto de la Coalición costaba 30.814 millones de pesos en 2008. De ellos, 16.210 millones de pesos serían reorientados de otros planes sociales que ya están en funcionamiento. La lógica de la propuesta es que, de este modo, los que cobran planes dejan de ser rehenes de punteros políticos y no quedan a merced de ningún político o funcionario para el cobro de sus haberes: deja de ser un regalo y pasa a ser un derecho. Además, aquellos que no cobran –por no gozar del favor de algún político- pasarían a cobrar. Por otro lado, la propuesta elimina las asignaciones familiares, con lo cual las propias empresas que aportan a ese fondo (que sólo sirve para trabajadores registrados) también aportarían para el Incini.
Por último, se eliminarán las deducciones del impuesto a las ganancias para quienes tienen un hijo, con lo cual aquellos que más ganen devolverán al Estado el subsidio de 200 pesos que reciban por cada hijo.
Con todo esto, el costo total neto del programa es muy bajo. La diferencia, dice el proyecto, se podría financiar a través de la eliminación de exenciones al Impuesto a las Ganancias como, por ejemplo, la renta financiera o modificar los mínimos no imponibles.
En síntesis, toda esta ingeniería serviría para transparentar el sistema y llegar con este subsidio hasta el último rincón de la Argentina. Y aquellos que no lo necesiten lo terminarían devolviendo a través del pago de impuesto a las ganancias.
No restar sino sumar
Al ser consultado por su proyecto, el diputado de Proyecto Sur, Claudio Lozano, hace un cálculo un poco diferente. Especialmente porque busca sumar ingresos y no reducir todos los planes sociales ya existentes. Es decir, sumar y no restar.
El propone universalizar en 125 pesos por hijo, lo que supone $21.574,7 millones anuales. De ellos, como la Coalición Cívica, pide descontar los $8.730 millones que está presupuestado para las Asignaciones Familiares y los $1.753,8 millones que se tiene previsto asignar en el Plan Familias por la Inclusión Social. Con lo cual el costo neto anual del programa asciende a $11.090,9 millones.
Por otro lado, calcula que al inyectar en el mercado interno tal cantidad de dinero, $3.500 millones volverían al Estado por el Impuesto al Valor Agregado. Por ende, el costo final se transforma en $7.600 millones anuales.
¿De dónde sacar esa plata? Lozano ofrece distintas alternativas. Nuevamente se trata de la voluntad política de llevarlo adelante. Plantea que es posible reformular determinados regímenes de promoción económica y exenciones. “Para el 2009 más de $40.000 millones de recursos fiscales tenían esta orientación”, dice.
Otra alternativa es utilizar las reservas del Banco Central. Si se usan para pagar deuda, cómo no tocarlas para paliar la deuda social. También plantea restituir los aportes patronales a los niveles vigentes en 1993 para las principales empresas (excluyendo a las pymes). Con esta medida, dice, se podrían recaudar $10.000 millones anuales.
Más ambiciosa es la posibilidad de hacer una reforma fiscal para gravar las rentas extraordinarias de empresas petroleras o mineras, o eliminar las exenciones de la renta financiera. Por último, propone eliminar la deducción de la carga por hijo.
“Estamos planteando una estrategia inmediata que no requiere de modificaciones impositivas previas ni el desmonte completo del actual sistema de Asignaciones Familiares, como lo plantean otras estrategias”, dice, en clara referencia a la propuesta de la Coalición Cívica. Aunque Lozano aclara que no está en contra de intentar esas reformas más profundas, dice que eso podría demorar la implementación del programa. “Esto se puede realizar ya, como primer paso de una estrategia que sin duda debe profundizarse”, dice.
Más propuestas
La tercera iniciativa en debate es de autoría de la socialista Silvia Augsburger, aunque es un proyecto que viene siendo trabajada por todo el bloque desde hace años. El costo del programa del socialismo es de $22.909 millones, de los cuales 10.482 millones se conseguirían reorientando el gasto y 8.729 millones se financiarían con las asignaciones familiares.
¿De dónde sacar el resto? Por un lado piden modificar el impuesto a las ganancias eliminando exenciones a la renta financiera y reducción de las deducciones por menor a cargo. Esto permitiría recaudar $6.800 millones (un incremento de un 11%), en Ganancias.
Por si esto no alcanzara, piden usar parte de los fondos de la AFJP estatizadas para ese fin. “El 10% de esos fondos podrían destinarse al Fondo del Ingreso Universal a la Niñez y la Adolescencia (FIUNA), es decir alrededor de $7.113 millones”.
En el Senado hay otros dos proyectos: el primero es de los radicales Ernesto Sanz y Gerardo Morales, aunque no dicen explícitamente cómo lo financiarían. El otro, que tampoco da demasiadas precisiones es de la chaqueña Elena Corregido. Su gran mérito es que se trata de la única propuesta oficialista que avanza en este sentido.
Hoy muchos se llenan la boca hablando de la necesidad de universalizar los planes. Pero hasta ahora sólo hay cinco proyectos con estado parlamentario que efectivamente lo proponen.
Es importante aclarar que al hablar de universalizarlos a todos los niños, se espera que todos lo cobren. No solamente los pobres. Esto permitiría no sólo terminar con el flagelo de la pobreza, sino también transparentar el gasto social, algo que ha sido muy cuestionado en los últimos años.
Los fondos para hacerlo están a la vista. Habrá que ver si el Gobierno tiene la voluntad política para desarrollar una estrategia de este tipo.
