Otra ley que ha puesto en tela de juicio el rol del Estado y la legitimidad política del Ejecutivo es la nueva Ley que creará el ENARD, un ente nacional del deporte que será abastecido económicamente con el 1% de las ganancias de las empresas de servicios telefónicos.

Una de las legisladoras que se pronunció en contra es la diputada del bloque SI Delia Bisutti, que se manifestó en contra de la creación del ente, del financiamiento del mismo y del desplazamiento del rol del Estado en la conducción del deporte que conlleva este acuerdo.

“El deporte olímpico no debería ser financiado a través del consumo de la telefonía celular”, afirmó Bisutti, miembro de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, y sostuvo que al desplazar la conducción del deporte olímpico al Comité Olímpico Argentino (COA) , “se está dejando en un segundo plano a la Secretaria de Deportes de la Nación”.

“No queremos que al Estado se lo confunda con los intereses que representan quienes ejercen circunstancialmente los gobiernos y menos si éstos tienen comunión de intereses con quien hoy ostenta la presidencia del COA, paradójicamente, principal accionista de Telecom”, sentenció la legisladora porteña.

La diputada del SI, bloque que votó en contra de la ley, concluyó que “todos queremos apoyar el inmenso esfuerzo de nuestros deportistas y encontrar nuevas vías de financiamiento y recursos, pero no podemos castigar a los usuarios de celulares, ya que las grandes empresas sólo toman al deporte como un medio para incrementar sus ganancias a costa del esfuerzo del Estado nacional y de los habitantes del país” .

En la vereda opuesta se ubica el diputado Rubén Sciutto, que hizo hincapié en que “este es un paso trascendental para la regionalización del deporte argentino ya que se desarrollará a los atletas por región y se evitará el desarraigo y la falta de contacto fluido del deportista con su familia, lo cual también elevará el sentido de pertenencia para con la provincia”.

Sciutto, otro integrante de la Comision de Deportes en la Cámara baja y uno de los principales impulsores de la ley, explicó que “el principal propósito es coordinar y optimizar los esfuerzos públicos y privados de todo tipo, con la finalidad de obtener la más eficaz participación de los deportistas nacionales de alto rendimiento en las competencias internacionales” .

Por último, el legislador fueguino declaró que otro de los beneficios de dicha norma será “la implementación de un sistema de medicina prepaga deportiva y general, a cargo del ente a crearse, la cual beneficiará a todos los deportistas olímpicos del país” .

Por otro lado, la diputada radical Silvana Giudici consideró que la coordinación entre los organismos públicos y privados es uno de los errores más importantes, ya que “se prevé un impuesto regresivo que constituirá una nueva carga impositiva para todos los sectores sociales, especialmente para los de menores ingresos” .

La diputada porteña recordó que “la presidenta Cristina Kirchner, cuando lanzó el programa Fútbol para todos, dijo que del dinero recaudado por los derechos de trasmisión, el 50% iba a ser para promoción del deporte olímpico”, lo cual resultó ser una gran mentira”.

Además, Giudici consideró que la Presidenta “dispuso, mediante un decreto, el aumento del presupuesto en $ 24.000 mi millones y una partida especial de $ 80.000 millones para la escandaloso reparto de publicidad oficial. Tranquilamente podrían haber utilizado ese dinero para el deporte olímpico”. Como conclusión sobre el tema la legisladora radical sentenció: “No queremos que los deportistas sean socios en las perdidas y terminen, también, subsidiando al fútbol”.