A través de un pedido de informes, el bloque de diputados provinciales del GEN–PS solicitó al Poder Ejecutivo precisiones sobre “cuáles fueron las motivaciones y fundamentos que dieron lugar al dictado de los decreto del 23 de diciembre de 2009, publicado en el Boletín Oficial del pasado 19 de marzo, por el cual se conmutaran tres penas, dos de prisión perpetua y una de reclusión perpetua, así como también, por qué no lo informó a la Asamblea Legislativa, como lo estipula el artículo 144 de la Constitución provincial”.

En los fundamentos del cuestionario elevado, el presidente del bloque, Jaime Linares, advirtió que “los actos en cuestión fueron publicadas en forma extractada, no pudiendo conocerse, por consiguiente, cuales fueron los hechos delictivos por los cuales los ahora beneficiarios fueron condenados, ni otros aspectos tales como Tribunal que impuso la pena, fecha del decisorio, y tiempo que llevaba cumpliéndose el mismo”.

De acuerdo con el texto de la Constitución de la Provincia (artículo 144 inciso 4) -señaló el legislador bahiense-, “el gobernador podrá conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte de Justicia, sobre la oportunidad y conveniencia y con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse, debiendo ponerse en conocimiento de la Asamblea Legislativa, las razones que haya motivado en cada caso la conmutación de la pena”.

“En virtud de ello -agregó-, y teniendo en cuenta la gravedad de las penas que han sido objeto de conmutación, y la necesidad de conocer si se han adoptado los recaudos que exige el precepto constitucional y de la circunstancia de que el Gobernador no habría dado cumplimiento con la puesta en conocimiento en tiempo y forma a este Poder Legislativo, más precisamente a la Asamblea Legislativa que tuviera lugar el pasado 2 de marzo del año en curso, nos ha llevado a promover esta iniciativa”.