El Gobierno continúa cosechando derrotas en la Justicia por la Ley de Medios Audiovisuales. Ahora la Cámara de Apelaciones de Mendoza falló contra la Ley 26.522. En un fallo muy completo la Cámara de segunda instancia ratificó la suspensión integral de la Ley que no podrá aplicarse hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, resuelva la cuestión de fondo. Está claro que la Justicia ratifica las denuncias que formulamos durante el tratamiento express de la norma y considera nuestras observaciones argumento válido para dictar la nulidad basándose en el incumplimiento de la Constitución Nacional y del Reglamento de la Cámara de Diputados en el proceso de sanción de la misma.

Este fallo de segunda instancia se suma a otros cuatro de primera instancia que, en distintas provincias argentinas, suspenden la Ley de Medios y prohíben no solo la conformación de la Autoridad de Aplicación, sino también la Bicameral de Medios del Congreso, que el Frente para la Victoria integro ilegalmente, sin el quórum necesario usurpando las mayorías.

El kirchnerismo ha intentado cooptar los medios críticos al Gobierno, no solo con la sanción de la Ley de Medios, sino también con el manejo discrecional y sin control de la publicidad oficial. Esta semana la situación llegó a un límite increíble en relación a la falta de transparencia en la distribución de pauta. El jefe de Gabinete le negó a Poder Ciudadano y a la Asociación de Derechos Civiles, la información correspondiente al uso de la Pauta Oficial, aduciendo que era información de índole privada.

La negativa del Gobierno se debe a la vergüenza de no poder explicar el incremento escandaloso de los montos por publicidad oficial, sabiendo además que según nuestros cálculos, este año se gastaran más de $ 1.500 millones en ese ítem considerando lo invertido en el Programa Fútbol para Todos. Además, el Dr. Aníbal Fernández sabe que el Estado y las Empresas, Productoras y Monotributistas, con quienes celebra contratos por pauta oficial, son personas jurídicas y sus datos son públicos, por lo cual la explicación que le da a Poder Ciudadano y a la ADC es una mentira. Por otra parte recordamos durante la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión en la que participaron las dos organizaciones afectadas, que en oportunidad de debate acalorado por la sanción de la Ley de Medios el gobierno mandó a incluir en el artículo 72 de su proyecto un renglón para sumar voluntades de sus aliados que imponía la obligación a las empresas de publicar los montos que recibían del gobierno en concepto de publicidad oficial. Justamente lo que Aníbal Fernández señala ahora como información reservada y privada de las empresas.

Este argumento falaz vuelve a ratificar lo que denunciamos durante septiembre de 2009, la Ley de Medios K fue una compleja operación política destinada a “apretar” a los medios y colonizar el espectro radioeléctrico de manera más rápida con el discurso oficial. No interesaba al Gobierno mejorar la política de medios u optimizar el uso de espectro, se trataba de facilitar las aspiraciones de hegemonía comunicacional que tanto desvelan a Néstor y Cristina Kirchner.

Leandro N. Alem, decía que en Política, como en la Vida, se hace lo que se debe. Hemos enaltecido ese principio básico con el cual vivía su vida política Alem, poniéndole límites al kirchnerismo y resistiendo sus manejos dictatoriales en el Congreso. Pero ahora que las mayorías han cambiado, podremos legislar y dictar leyes dirigidas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y respetar sus derechos básicos. Una ley que regule la publicidad oficial, una ley que asegure el acceso a la información pública sin cortapisas y una ley de medios que no lesione el principio básico de la libertad de expresión en el País son parte de la agenda parlamentaria del Bicentenario.

Silvana Giudici es diputada nacional de la UCR. Presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión