La diputada nacional Elsa Álvarez pidió informes al Poder Ejecutivo sobre el Programa Energía Total, para conocer el costo que tienen para el Estado argentino los buques regasificadores y las medidas de seguridad que se han adoptado frente a los peligros que implica su operatoria.

El Gobierno, sostiene la legisladora radical santacruceña, intenta morigerar con la importación de gas, la crisis energética, producto de la falta de previsión y de la inexistencia de una política a largo plazo que cambie la matriz y promueva inversiones en exploración y explotación gasífera y petrolera.

Desde ENARSA confirmaron que el Estado se hará cargo del gasto del buque regasificador, y además de los barcos que lleguen para inyectarle el Gas Natural Licuado (GNL), las nuevas compras externas, 14 cargamentos desde abril a julio constarían, unos 500 millones de dólares.

La diputada Álvarez preguntó ¿cuál será el precio final mayorista y minorista por metro cúbico de Gas Natural Líquido proveniente del buque regasificador?

Recordó que los buques regasificadores y los metaneros son resistidos en todo el mundo por los accidentes que han ocurrido; y además en otros países prohíben la habilitación de muelles para este tipo de tráfico de productos inflamables, si están ubicados en cercanías de zonas pobladas, sostuvo la legisladora en su proyecto de resolución.

Trascendió que estando amarrado en el Puerto de Bahía Blanca al regasificador Excelsior (antecesor del Excellence, que llegó al país en febrero pasado), el buque “Argenmar Austral” se desplazó unos 15 metros en momentos en que se desarrollaban tareas de regasificación. Al respecto, la diputada de la UCR advirtió que de haberse producido el choque, “las consecuencias hubieran sido similares a la explosión de la bomba atómica que destruyó la ciudad de Hiroshima”.

Así las cosas, la diputada Álvarez pregunta si se han contemplado planes de emergencia, si se han analizado los riesgos y evaluado el impacto que tendría un derrame de metano líquido por colisión entre buques, si se ha considerado el escape de cloro, de amoníaco y de toda sustancia inflamable o explosiva almacenada por las plantas circundantes, y si existen hornos o calderas cercanos a los barcos gaseros que operan en la terminal Mega.

Todo parece indicar que no se está cumpliendo con la Ley 13.660 que establece los requisitos de seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos, en especial en su Capítulo VI relacionado con las “defensas en muelles”, declaró finalmente la diputada Elsa Alvarez.