Por primera vez, el “riesgo democrático” proviene de adentro y no de afuera del sistema. Y “riesgo democrático” no es una voz poética sino una figura jurídica normada por la Carta Democrática Interamericana en sus artículos 17, 18 y 19.
El Congreso y la Justicia han sido víctimas en las últimas semanas de graves ofensas democráticas. El 1º de marzo de 2010, mientras se inauguraba el período ordinario de sesiones, la Presidenta publicaba en el Boletín Oficial tres decretos de necesidad y urgencia (DNU) y dos resoluciones ministeriales, a través de las cuales se transferían reservas del Banco Central al Tesoro nacional, con la finalidad de cubrir un déficit público no declarado en el presupuesto nacional del orden de los 7.000 millones de dólares. Son decretos sustitutivos del original que creaba el Fondo del Bicentenario y que la Justicia paralizó en su ejecución.

Sin censuras

La Presidenta no sólo se alza frente a decisiones de la Justicia sino que se burla también del Parlamento. A su vez, los jueces que intervienen en las acciones de amparo contra el uso de reservas del Banco Central son denostados y difamados por ministros y por la jefa del Estado. La Corte Suprema interviene reclamando mesura y Cristina Fernández dice que no acepta “censuras”.
Cristina Fernández puede utilizar el veto frente a decisiones legislativas que no le gusten y el Poder Judicial, como ya lo ha hecho, puede suspender la ejecutividad de actos del Poder Ejecutivo contrarios a la Constitución. Esa situación de “riesgo institucional” no comienza ahora sino el 28 de junio de 2009. Es a partir de allí y hasta el 3 de diciembre, cuando el Congreso -con la mayoría automática del oficialismo- sanciona un bloque de legalidad de “retirada del poder”.
Se prorroga la legalidad de la emergencia de 2001 hasta 2011, fecha en que termina su mandato la Presidenta. Se sanciona una ley de medios de comunicación en abierta violación del artículo 13 de la Convención Americana y con una extranjerización clara de los medios nacionales. Se aprueba la Ley de Presupuesto 2010, con una inconstitucional delegación de facultades para la renegociación de la deuda externa, violando el artículo 29 de la Constitución Nacional. Finalmente, se sanciona una ley de extracción compulsiva de ADN a posibles víctimas de secuestros y adopciones ilegales en el marco de la última dictadura militar, en violación del artículo 3#176; de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Esos DNU no son sino la última etapa del ejercicio de un poder que ha caído en las urnas y que no quiere reconocer la derrota electoral. Pero, además, la irresponsabilidad de la Presidenta se agrava cuando advertimos que ella sabía que al tomar esas medidas estaba colocando al país y a las reservas del BCRA en zona de riesgo de embargos internacionales. Como realmente ocurrió con el del juez de Nueva York, Thomas Griesa.

Cesarismos democráticos

En Latinoamérica, quizá a causa de una matriz cultural autoritaria, las transiciones democráticas no han permitido consolidar verdaderas culturas democráticas. Es así como en la Argentina posterior a 1983 han aparecido liderazgos políticos con incuestionable base de legitimidad popular, pero que en el ejercicio del poder se deforman y terminan vulnerando o alterando el orden constitucional.
Esas deformaciones de poder son a las que alude la Carta Democrática Interamericana en los artículos 17, 18 y 19, cuando se refiere a las situaciones de “riesgo”, “alteración” o que “pudieran afectar” el legítimo ejercicio del poder constitucional.
La sabiduría de la norma supranacional es la de haber previsto situaciones como las que hoy se viven en Argentina. Los siete años de mandato presidencial que lleva el matrimonio Kirchner, más allá de claros éxitos en materia de crecimiento económico durante los primeros años y de la correcta elección de miembros de la Corte Suprema, han estado marcados por un ejercicio abusivo de poder, que inevitablemente conduce a la impunidad y al descontrol que existen hoy.
Un poder que no tolera controles. Ni del Parlamento, ni de la Justicia, ni de la prensa. Un poder descontrolado. Ésta es la situación de “riesgo democrático” que define la OEA.

Qué está mal

Una legalidad de emergencia que se transforma en regla habitual, un proceso de selección y control de jueces en manos del Poder Ejecutivo que transforma a un poder del Estado en un poder obediente. Un bloque legislativo oficialista blindado en la obediencia casi militar a las decisiones de la Casa Rosada. Gobernadores de las 24 provincias sojuzgados por la Presidenta por vía económica. Provincias con déficit provocados por la concentración de recursos en el Estado federal, que obliga a sus gobernadores a peticionar favores económicos a cambio de lealtades políticas. Un sistema de subsidios clientelista que permite mantener fuerzas civiles de desocupados pagado por el Estado y a su servicio. Una política de persecución abierta y sistemática en contra de la prensa opositora condenada por el discurso oficial a un rol de conspiración empresaria. El campo argentino víctima de una excesiva apropiación de sus ingresos por la vía de retenciones agropecuarias. Este es el modelo de poder que existe en 2010 y que el voto popular del 28 de junio del 2009 rechazó.
Ésta es la versión argentina del cesarismo democrático, y ella encuadra en la Carta de la OEA. Son dos las formas de lesionar al sistema democrático: ruptura clásica del orden democrático (artículo 20), el “caso Honduras”; y riesgos o alteraciones del orden constitucional que afecten el orden democrático (17 y 18).
Como decía Alexis de Tocqueville en su libro La democracia en América ( 1935), la democracia es mucho más que un sistema político, es un sistema de valores y un modo de vivir en sociedad.
Y es eso lo que hoy está en riesgo en la Argentina.

Diputado nacional (Coalición Cívica-Córdoba); docente universitario