Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pasaron por el Congreso, donde brindaron un informe sobre “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”.
Con la presencia de la titular de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, Griselda Baldata, representantes de la CIDH brindaron una conferencia de prensa en el Salón Cabezas de la Cámara de Diputados, donde detallaron un informe sobre seguridad ciudadana en Latinoamérica.
Tomaron parte de la presentación Paulo Pinheiro, miembro de la CIDH y responsable del informe; Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH, y Amerigo Incalcaterra, representante regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Asimismo estuvo presente el director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Gastón Chillier.
El informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado junto a Naciones Unidas, fue presentado en formato de libro, y allí puede encontrarse un extenso panorama regional y fijó cinco recomendaciones generales y otras 16 específicas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aspira a que los estados miembros de la OEA “fortalezcan las instituciones, leyes, políticas y prácticas para la prevención y control de la criminalidad y la violencia”.
El documento expresa que “la seguridad ha reemplazado al desempleo como principal preocupación de la sociedad”.
Entre las sugerencias, se remarca “asumir el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de protección y garantía de los derechos humanos en su relación con la seguridad ciudadana a partir del diseño e implementación de políticas públicas integrales”.
Por otra parte, la CIDH recomienda “mejorar el proceso de selección y formación de las personas que integran las instituciones involucradas en la implementación de la política sobre seguridad ciudadana (fuerzas policiales, poder judicial, ministerio público y el sistema penitenciario)”. También se señala que “las autoridades políticas legítimas del Estado asuman su responsabilidad en el diseño, ejecución y control de la política pública sobre seguridad ciudadana, con el apoyo de equipos técnicos multidisciplinarios”.
Se trata de 16 recomendaciones específicas que incluyen casi un centenar de puntos sobre medidas políticas, administrativas, legislativas, policiales y otras que involucran a la sociedad en general, tendientes a mejorar la seguridad ciudadana y el respeto por los derechos humanos.
