El Gobierno Nacional, a través de un decreto delegado de carácter inconstitucional que le permitiría al Poder Ejecutivo comportarse con discrecionalidad absoluta, ha generado un nuevo régimen de promoción industrial otorgando ventajas a algunas provincias que provocarán enormes perjuicios para Mendoza.

En las últimas horas, a través del Decreto 699/10 la Presidente realizó una extensión del vigente régimen de “Promoción Industrial”, beneficiando a empresas efectivamente radicadas en las provincias incluidas en el mismo, las que podrán ampliar por un plazo de dos años el régimen especial, en caso de que les haya quedado un cupo para diferir impuestos. Para que quede claro de qué hablamos: una firma que tenía autorizado un cupo para diferir impuestos por 1 millón y hasta ahora sólo usó hasta $600 mil, tendrá una prórroga extra para poder usar ese beneficio fiscal.

Pero no solo extiende el plazo a los ya adjudicados, sino que el Decreto además amplía el beneficio a nuevos proyectos promocionados y permite la ampliación de proyectos vigentes, ya que la Autoridad de Aplicación provincial podrá aprobar durante los dos años posteriores a la entrada en vigencia del Decreto, ampliaciones de proyectos industriales vigentes, supuestamente “tendiendo a fortalecer el proceso de industrialización de la provincia”.

El mismo Decreto define qué es lo que debe entenderse por ampliación: se refiere al incremento de la capacidad de producción correspondiente al proyecto industrial promovido actualmente vigente y/o la complementación de la actividad originalmente promovida a los fines de integrar la cadena de valor de la rama industrial de que se trate, consagrando en definitiva, la posibilidad de ampliar hasta el infinito el objeto inicial de la promoción.

Pero no solo prorroga y amplía la promoción industrial ya vigente y que tanto perjudica a nuestra provincia, sino que además avanza en un camino peligroso: la norma decretada además, pone un limite a la autoridades provinciales que se presta para una gran discrecionalidad, ya que los proyectos aprobados por las provincias deberán contar con el dictamen vinculante favorable del Ministerio de Industria y Turismo de la Nación, emitido dentro de los treinta días del dictado del acto de aprobación. Esto, en otras palabras, significa darle al Poder Ejecutivo Nacional un verdadero poder de veto sobre las decisiones de las provincias, determinando quien si o quien no puede ser promocionado y qué promocionar.

No solo entonces, quita autonomía a las provincias, sino peor aún decide cual y cómo se desarrollará digitando todo desde la sede central del Gobierno Nacional durante estos próximos dos años, pero con efectos a más largo plazo, ya que el plazo para diferir los impuestos es de 15 años.

La nueva norma de promoción, a diferencia de la anterior, no fija límites o cupos para la cantidad de empresas a radicarse y agrega a la ley vigente condiciones adicionales para otorgar preferencia en la selección de los nuevos proyectos o ampliación de los existentes, entre ellas: cantidad de recursos humanos a ser afectados, generación de incrementales de exportación, producción de bienes con alto valor agregado, impacto ambiental que los mismos generen y promoción de mecanismos tendientes a una instancia de competencia.

En síntesis, el nuevo decreto amplía a la normativa existente respecto de los nuevos proyectos a beneficiarse, constituyéndose en mucho más que una mera prorroga del régimen vigente. Por el contrario, crea un nuevo régimen de Promoción Industrial, generando un perjuicio potencial a las provincias no promocionadas superior al que han venido sufriendo hasta ahora.

Mendoza es una de las principales afectadas, ya que al estar rodeada de provincias promocionadas, este fomento impositivo genera una competencia desleal a la hora de convencer a empresas que quieran radicarse en nuestro suelo, o de retener a las que ya están aquí.

Debo recordar que en el 2004, apenas asumimos el gobierno provincial debimos enfrentar un embate bastante menos nocivo de lo que significa este decreto delegado; en aquella oportunidad solo se pretendía una ampliación de objeto de las empresas promocionadas y sin embargo apelamos a todos los recursos disponibles para frenarlo, y lo logramos con el apoyo de todos los sectores empresarios de la Provincia, efectuando amparos e instruyendo a la Fiscalía de Estado para que actuara por los eventuales perjuicios.

El actual gobierno provincial debe reaccionar inmediatamente utilizando todos los medios a su alcance, ya que a pesar de los excesivos viajes a Buenos Aires, ha logrado el señor Gobernador, no solo no concretar medidas de apoyo a nuestra provincia, sino que se burlen de su gestión pretendiendo hundirnos frente a nuestros vecinos.

Urgida por los acontecimientos, solicito a las autoridades provinciales que, atento a que esta norma afecta claramente al patrimonio provincial, a través de Fiscalía de Estado se realicen las acciones legales pertinentes para revertir lo actuado; por otra parte, y teniendo en cuenta que resulta totalmente inadmisible que el Poder Ejecutivo disponga discrecionalmente cómo beneficiar a ciertas provincias a costa de todas las demás, daremos la discusión en el único lugar en el que los intereses de los estados está democráticamente representados, esto es, en el Congreso de la Nación, a quien ilegítimamente se le ha arrebatado el poder de decisión y discusión en este tema fundamental para el Federalismo Nacional.