El debate en la Legislatura porteña sobre la inconveniencia de prorrogar la puesta en vigencia de la ley de normas para la habilitación de hogares infantiles señala algunos de los límites de las políticas sociales en materia de infancia y adolescencia.

Muchos de los 1300 chicos albergados en hogares convivenciales o terapéuticos podrían vivir con su familia ampliada o comunitaria si en el origen del conflicto o del padecimiento que originó el trauma, el Estado hubiera dispuesto las medidas de protección integral para incluir a esas familias en un programa de fortalecimiento de vínculos y de inclusión económica y social.

Algunos de estos chicos tienen provienen de otros distritos del país. Por lo cual las posibilidades de reencuentro y revinculación con las redes familiares extensas se complican.

En muchas situaciones de abuso, incesto y explotación sexual y laboral la recomendación de los equipos profesionales de salud, de infancia, de educación, de la justicia, consiste en impedir el contacto con quienes están acusados o imputados del delito de corrupción y violencia en sus distintas formas y manifestaciones.

Por ello la necesidad de que los equipos de protección de derechos de la infancia puedan incluir rápidamente en programas de sostén y fortalecimiento familiar a aquellas situaciones detectadas tempranamente como posibles violaciones a la integridad física y psíquica, para evitar el proceso de institucionalización posterior que resulta fuente de numerosas controversias y que muchas veces responde en forma tardía a la problemática que sufren los chicos.

Están pendientes de reglamentación y sanción algunas iniciativas y normas que fueron elaboradas desde esa perspectiva. La ley de acogimiento familiar por ejemplo, que permitiría desarrollar una red local de familias dispuestas a albergar niños en forma transitoria manteniendo vínculos con la familia de origen. Dado lo delicado del tema, habría que intentar por lo menos alguna experiencia piloto en la materia. Y se encuentra pendiente de sanción, el proyecto de ley que promueve la declaración de emergencia de los servicios de protección de derechos de la infancia para los programas de la Dirección General de Niñez Adolescencia del Ministerio de Desarrollo social de la ciudad, en particular para ampliar el correcto pero muy limitado programa de fortalecimiento familiar hoy existente, y para fortalecer y ampliar los equipos del Consejo de los derechos de niñas niños y adolescentes, entre ellos la Guardia permanente de abogados, el Centro de atención transitoria, la Red de defensorías barriales, quienes atraviesan una fuerte crisis presupuestaria, de recursos humanos y la angustiante carencia de programas alternativos y servicios en los cuales incluir a los niños atendidos.

El Poder Ejecutivo puede resolver con las instituciones las dificultades que afrontan en materia de habilitaciones, disponiendo la cooperación de equipos técnicos del gobierno de la ciudad y algunos recursos determinados. A las instituciones donde se albergan los niños la exigencia técnica y profesional debe ser muy profunda, pero también así la colaboración técnica y económica para que superen los obstáculos normativos con celeridad y puedan concentrarse en la atención de los chicos.

María Elena Naddeo es legisladora – Diálogo por Buenos Aires

Presidenta de la Comisión especial de seguimiento de la ley 448 de salud mental