La creación de un Registro Nacional de deudores alimentarios en mora, que funcione bajo la órbita del ministerio de Justicia de la Nación fue el tema central de un plenario realizado este martes por las Comisiones de Legislación General y de Justicia de la Cámara alta.

Son dos las iniciativas que se comenzaron a analizar: la primera es la de la jujeña Liliana Fellner, y la otra es la de la formoseña Adriana Bortolozzi, y se espera tener listo la firma del dictamen en las próximas semanas.

Vale destacar que la titular de la Comisión de Justicia del Senado, que es la salteña Sonia Escudero, aseguró que “si bien ya 18 provincias, más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuentan con registros provinciales, lo que aquí se pretende es centralizar en un mismo lugar los datos de todos los deudores del país, y que a su vez sean pasibles de aplicación de sanciones por parte de organismos nacionales”. También planteó que el objetivo primordial “es lograr el estricto cumplimiento y percepción de la deuda alimentaria y desalentar este tipo de conductas, que sólo perjudican a los niños”.

Los senadores recibieron los aportes de la constitucionalista y docente de la Universidad de Buenos Aires Marcela Bazterra, que en líneas generales apoyó los proyectos, y señaló que “no tienen cuestionamientos de tipo constitucional”. Además dijo que la creación del citado instrumento “es un aporte a la cultura de la transparencia y del acceso a la información”.

Bazterra explicó que los tratados internacionales incorporados a la Constitución de nuestro país, y el sistema Interamericano de Derechos Humanos, “dispone la necesidad de que los Estados parte avancen en medidas de orden interno para asegurar los derechos de los niños y en ese sentido van los proyectos en estudio”.

Lo que más produjo debate durante la reunión tuvo que ver con las sanciones que se podrían aplicar a los deudores. Algunas son: imposibilidad de postularse para cargos electivos o desempeñar cargos públicos; obtener préstamos bancarios, habilitar cuentas de ahorros o corrientes y obtener tarjetas de crédito; ser proveedores del Estado, participar en licitaciones, concursos, solicitar licencias, permisos o concesiones; obtener licencia para manejar automóviles, excepto en caso de choferes de transporte de carga o pasajeros; tramitar pasaporte o su renovación; inscribirse en los registros de adopción; obtener beneficios tributarios nacionales; y la prohibición para inscribirse en los Colegios Profesionales, punto que fue bastante discutido en el plenario.