Analizan alternativas legales para dilatar el impacto en la caja que tendría la norma aprobada esta semana en el Senado, en caso de que se convierta en ley.
Hay razones de peso y de pesos (o mejor dicho, de dólares) para justificar un eventual veto presidencial para el caso de que el proyecto de ley que modifica al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se convierta en ley. Sucede que la reforma que acaba de aprobar el Senado amenaza con blanquear 3.700 millones de dólares de deuda, en caso de que se normalice el organismo en 150 días, como propone el Congreso.
El problema es que ello implica el sinceramiento de la inflación desde febrero, lo cual implica mayores pagos de deuda.
Mientras el polémico organismo publicó su controvertido índice correspondiente a julio, el diario El Cronista sacó cuentas de lo que las modificaciones en el INDEC implicarían en las cuentas oficiales.
El proyecto en cuestión establece un plazo de 150 días para normalizar el organismo público, lo cual significa que para principios de febrero debería estar en marcha el “nuevo INDEC”. No se prevén revisiones hacia atrás de lo actuado en los últimos tres años y medio, pero si se convierte en ley aun así restarán 11 meses para finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner con una inflación que ninguna consultora privada estima por debajo del 20% anual, detalla el informe, aclarando que el INDEC sólo reconoce un alza de precios en torno al 11% interanual.
Dado que el 25% de la deuda total de la Argentina está indexada por el índice de precios oficial (alrededor de u$s 37.400 millones), ello implica que estos pasivos podrían crecer el año próximo a una tasa de más del doble que la actual, incrementando el stock de deuda en unos u$s 3.740 millones como mínimo, señala El Cronista.
El informe recuerda que hasta ahora, por cada punto de inflación menor a la prevista, el Gobierno se ahorra alrededor de 350 millones de dólares. En rigor, no se trata de un ahorro palpable en el corto plazo, sino de un flujo de obligaciones a futuro que aumentan a un menor ritmo y por lo tanto generarán desembolsos inferiores al llegar el momento de pagarse.
El año próximo vencen u$s 1.862 millones de deuda indexada por la inflación oficial. De este monto, u$s 922 millones corresponden al Bogar 2018, u$s 330 millones a préstamos garantizados y u$s 194 millones a deuda con la banca comercial. También hay que pagar u$s 188 millones de los títulos Bocon y u$s 94 millones correspondientes al Boden 2014.
