La iniciativa es impulsada por diputados del kirchnerismo y el radicalismo y busca generar el estudio en las personas recluidas en unidades penitenciarias de la Argentina.
La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Adriana Puiggrós (FpV), y el diputado radical Ricardo Gil Lavedra presentaron un proyecto de ley cuyo objetivo es el de estimular a las personas privadas de libertad para la realización de estudios y capacitación. En este sentido el proyecto prevé que los internos certifiquen estudios y así accedan con mayor facilidad a los beneficios que contempla el Código Penal (CP) de acuerdo con los logros educativos que vayan obteniendo.
El proyecto lleva también las firmas de los diputados Oscar Aguad, Ricardo Alfonsín, Horacio Alcuaz, Miguel Bonasso, Raúl Enrique Barrandeguy, Gerónimo Vargas Aignasse, Stella Maris Leverberg, María Inés Pilatti Vergara y Viviana Mónica Damilano Grivarello.
La iniciativa tuvo su punto de partida en el hecho de que, según el informe de 2007 del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena, “de un total de 50.980 internos, sólo 23.599 habían completado su educación primaria y apenas 2.594 tenían el secundario completo”.
Durante el año 2009 se trató una versión semejante al proyecto que antecede y que fuera presentado por el diputado García Méndez y girado en primer lugar a la Comisión de Legislación Penal, obteniendo un amplio consenso en su tratamiento y siendo aprobado por unanimidad por quienes la integraban. Sobre fin de ese año legislativo fue girado a la Comisión de Educación. Allí los tiempos fueron escasos y, pese a ser trabajado por asesores, no se llegó a emitir dictamen. Ahora los legisladores recogieron aquella iniciativa e introdujeron algunas cuestiones que se vinculan a la legislación vigente en la materia en el ámbito educativo, en particular, la referencia a la Ley de Educación Nacional 26.206 que en la primera versión no se habían considerado.
Luego de muchos años de reclamos por ciertos sectores de la sociedad que reinvindicaban su derecho de estudiar y trabajar dentro de las cárceles, surge este proyecto que busca computar como beneficio de dichas actividades formas de atenuación de las condiciones de detención.
La iniciativa remarca en sus fundamentos que la educación es un derecho universal, pues hace a la condición del ser humano, ya que a partir de ella se construyen lazos de pertenencia a la sociedad, a la palabra, a la tradición, al lenguaje, a la transmisión y recreación de la cultura, esencial para la condición humana. Así, quien no reciba o no haga uso de este derecho pierde la oportunidad de integrar a la sociedad, de participar de manera real en ella y de constituirse, por ende, en un ciudadano que haga uso de sus derechos y cumpla con sus deberes a favor del desarrollo de la comunidad. Por esto, el Estado debe no sólo garantizar este derecho, sino también estimularlo.
Este derecho esencial de socialización que implica la educación, debe ser respetado y garantizado en todas sus instancias, por lo cual también debe producirse en las instituciones totales, y específicamente, en las unidades penales. Es el Estado, a través de sus instituciones y políticas públicas, el responsable de garantizar este derecho a todos los individuos de la sociedad, más allá de la situación de estar privados involuntariamente de la libertad.
El cumplimiento de la pena en la cárcel implica privar de la libertad. Pero muchas veces se produce en consecuencia la violación de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la educación.
La educación, vista desde la mirada de la Educación Social, significa un componente insoslayable de la construcción social y co- producción de subjetividad, ya que ella tramita el abordaje de conocimientos, distribuye el capital, la cultura, socializa, asocia saberes, incorpora actores, recuerda mitos, teje vínculos con lo desconocido, con el conocimiento, con los otros y con el mundo. La educación así entendida hace un imperativo de inscripción, construcción de identidad, pertenencia y lazo en las sociedades humanas.
