Los sectores antikirchneristas de la Cámara baja emitieron un dictamen sobre un proyecto de resolución para que el Gobierno incorpore el problema de la inseguridad en la agenda pública.
“Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que, a través del Organismo correspondiente, disponga la inmediata convocatoria del Consejo de Seguridad Interior previsto por la ley 24.059, con el objeto de establecer las acciones a implementar a fin de garantizar la seguridad ciudadana”.
Así lo establece el proyecto de resolución de la diputada radical Silvana Giudici, y acompañado por todos los sectores del Grupo A, que obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Seguridad Interior y pasará al recinto.
A continuación, Parlamentario.com publica los fundamentos del proyecto de resolución del Grupo A.
Señor presidente:
Resultan de notorio y público conocimiento los reiterados, graves y cada vez más violentos hechos delictivos que se suscitan, principalmente, en los grandes centros urbanos, pero que ya han alcanzado a todos los rincones de la República Argentina, producto de la ausencia de ejecución de políticas efectivas en materia de seguridad.
Tales hechos ocurren a diario terminando con la vida de muchos argentinos e impidiendo el normal desarrollo de las actividades cotidianas en forma pacífica y segura.
La población se encuentra sensibilizada por los sucesos acaecidos y por las características especialmente violentas de las mismas, particularmente por el grado de vulnerabilidad de las víctimas. Esta reacción de la sociedad no ha tenido el correlato esperado por parte del Gobierno.
Se ha configurado un panorama generalizado de inseguridad en constante aumento manifestado en muertes por homicidios, robos con empleo de armas, las llamadas “salideras bancarias”, accidentes de tránsito, violencia doméstica, escolar, policial, y secuestros entre otras gravísimas situaciones.
Sin embargo, estos temas aún no están en la agenda gubernamental.
Como lo venimos sosteniendo a través del tiempo, hoy reafirmamos que no puede existir una política de seguridad sin un plan integral de inclusión social que abarque las necesidades vitales de las personas. Más aún en un contexto de constante crecimiento de los niveles de consumo y tráfico de droga en todo el país que afectan particularmente a menores y adolescentes.
El Gobierno Nacional omite hablar sobre el exponencial aumento del consumo de “paco” en los grandes conglomerados urbanos, que afecta gravemente la salud física y mental de miles y miles de jóvenes y, la política gubernamental en materia de prevención contra la drogadicción es nula.
Es el Estado el que debe brindar políticas de atención y contención en forma urgente a los chicos que se encuentran en la calle consumiendo drogas y, para eso, no basta con otorgar subsidios sociales que conducen a un mero asistencialismo sino que es hora de considerar a las personas en toda su integridad, física y emocional o espiritual.
Estamos transitando un momento de gravedad social en el cual urge que el Gobierno deje de mirar hacia otro lado y se avoque, como tema prioritario en la agenda pública, a la lucha contra el flagelo de la droga trabajando en forma conjunta con las asociaciones civiles existentes las cuales vienen llevando adelante una tarea destacable en el tema, como por ejemplo las Madres contra el Paco.
La situación actual de violencia y delincuencia creciente denota a las claras, la carencia de una política efectiva no solo en materia de seguridad sino también de educación dirigida a la prevención de la drogadicción, al buen ejercicio de los derechos y al desarrollo de las personas como basamento principal de la
sociedad y el Estado. La mayoría de los argentinos vivimos en un contexto de inseguridad y riesgo pero también de desesperanza ante la inacción de un gobierno espectador.
Es el Estado el que debe garantizar la seguridad de los ciudadanos y emplear los medios necesarios para paliar la situación delictiva, siendo de vital importancia el rol de la legislación, su cumplimiento y aplicación en la prevención de hechos de violencia.
El Poder Ejecutivo debe dar cumplimiento a sus obligaciones conforme la Ley de Seguridad Interior y, en ese sentido se lo insta a la inmediata convocatoria del Consejo de Seguridad para efectuar un análisis concreto y real de la situación de violencia y delincuencia en Argentina y, a su vez posibilitar la determinación de políticas que brinden adecuado tratamiento.
En este sentido la ley 24.059 que establece el Sistema de Seguridad Interior, le fija al Poder Ejecutivo que actúa por medio de la Subsecretaría de Seguridad Interior, obligaciones y facultades para mantener y garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Por medio del artículo 9º de la citada norma se crea el Consejo de Seguridad Interior, cuya misión es ” Asesorar al Ministro del Interior en la elaboración de las políticas correspondientes al ámbito de la seguridad interior, como asimismo en la elaboración de los planes y la ejecución de las acciones tendientes a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior”.
El artículo 10º de la norma detalla las funciones del Consejo de Seguridad entre las que figura” a) La formulación de políticas relativas a la prevención e investigación científica de la delincuencia en aquellas formas que afectan de un modo cuantitativa o cualitativamente mas grave a la comunidad; b) La elaboración de la doctrina y los planes para la coordinación e integración de las acciones y operaciones policiales tanto nacionales como interjurisdiccionales;…” entre otras de importancia.
Destacamos que, si bien la sanción de la ley 24.059 de Seguridad Interior significó avances en la materia, resulta claro que las previsiones de la misma se han visto superadas por la realidad desde sus inicios. Por ello continuamos sosteniendo que la misma debe revisarse a efectos de efectuar una correcta articulación de políticas en materia de seguridad interior.
No obsta lo solicitado en este proyecto nuestro convencimiento de que se debe instaurar un sistema integral de seguridad pública y ciudadana que, por un lado, tenga en cuenta todos los elementos institucionales vigentes y, por el otro, que incorpore la creación tanto de aquellas instituciones como también de las instancias de participación y/o coordinación necesarias para el más eficaz y eficiente mantenimiento de la seguridad pública y ciudadana.
La inseguridad cobra víctimas a diario y por ello queremos saber cuál es la situación de todas las fuerzas de seguridad en estos momentos, es decir, con qué personas y medios cuenta nuestro país para dar respuesta a esta situación que impone aunar el mayor compromiso, cooperación y esfuerzo por parte de todos los sectores de la sociedad pero, esencialmente, acciones de Gobierno tendientes a brindar una respuesta efectiva y consonante con las necesidades de los argentinos para garantizar el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.
Como lo hemos planteado en nuestro proyecto de Ley “Régimen de las Fuerzas Nacionales de Seguridad” (Expte: 3188 del año 2004), hoy seguimos sosteniendo que “la seguridad pública constituye una competencia difícil de parcelar o segmentar jurisdiccionalmente. Estos tiempos de crisis son tiempos de oportunidades para redefinir el sistema de seguridad en el ámbito de todo el territorio nacional”.
En el delicado equilibrio en el cual los agentes policiales desarrollan sus tareas, la puja entre la necesidad de protección de la seguridad pública, la vida de las personas y la necesidad de la intervención sobre las causas que la ponen en peligro, hace que sea imprescindible fijar los principios conductores de todos los organismos que conforman el Sistema de Seguridad Interior en apego a la Constitución Nacional y a la defensa de las garantías de los ciudadanos.
Sobre la base de la indivisibilidad de la seguridad pública y del consiguiente carácter de concurrencia entre todas las fuerzas que la ejercen, es necesario establecer los cauces de auxilio y complementariedad en los supuestos de insuficiencia por parte de alguno de los sectores, así como también fijar claramente los órganos de coordinación necesarios.
Consideramos que las políticas efectivas en materia de seguridad ciudadana no pueden demorarse dado que apremia, por un lado, solicitar al Poder Ejecutivo elabore un análisis situacional y precise la política a implementar y, por otra parte, impulsar medidas legislativas a fin de perfeccionar el Sistema de Seguridad Interior que ha demostrado grandes falencias a la hora de paliar una situación de gravedad.
En virtud de ello estamos convencidos que resulta imperioso determinar políticas efectivas de seguridad así como planificar, coordinar, dirigir, controlar y acompañar el esfuerzo nacional dirigido al cumplimiento de esas políticas, por lo que solicitamos el urgente tratamiento del presente proyecto de Resolución.
