Para el diputado Alcuaz, “es imprescindible conocer si mediaron irregularidades en la licitación, contratación y ejecución de una obra de esta envergadura, así como si han sido obviados los controles a la normativa vigente, más aun cuando se trata de una obra financiada por el Estado Nacional”.
El proyecto aprobado por la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, fue presentado por el diputado Jorge Cardelli junto a vecinos de Vicente López, y acompañado por los legisladores Alcuaz, Solanas, Benas, Fein, Macaluse, Argumedo, Donda, Iturraspe, Quiroz, Sabatella, Basteiro y Susana García.
El legislador del GEN Horacio Alcuaz se manifestó al respecto: “Como lo reclaman con tanta valentía los vecinos, aún soportando la represión de policial, el Estado Nacional debe velar por la vigencia de los presupuestos mínimos ambientales, garantizando el derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano contemplado en el artículo 41 de la Constitución Nacional”.
Por otro lado, el diputado recordó que existe un dictamen del defensor del pueblo de la Nación que señala irregularidades en el procedimiento de aprobación de la obra, y que además recomienda al municipio la realización de audiencias públicas para dar participación a los vecinos y la realización de “un estudio de impacto ambiental integral”.
Según expresó el legislador, “quedó claro con la intervención de la Defensoría que los informes ambientales realizados por la Intendencia de Vicente López son truchos”.
Agregó Alcuaz que “se trata de una zona de esparcimiento en la que se ha limitado el tránsito vehicular priorizando la presencia peatonal y de ciclistas, e impidiendo la concentración de vehículos y motos, de modo que el emplazamiento de un corredor vial de esta magnitud impediría el acceso del vecindario a la costa”.
“La preservación del medio ambiente es un imperativo para asegurar la calidad de vida colectiva y de las generaciones futuras. Ante la magnitud de una obra pública que afectará el único espacio verde recreativo de que gozan los ciudadanos, creemos necesario investigar todo lo actuado. Es imprescindible conocer si mediaron irregularidades en la licitación, contratación y ejecución de una obra de esta envergadura, así como si han sido obviados los controles a la normativa vigente, y es nuestra responsabilidad, como Diputados Nacionales investigar, teniendo en cuenta que se trata de una obra financiada por el Estado Nacional”, en el que se comprometió más de $ 54 millones para el financiamiento de un recorrido de 2 kilómetros.
“Es el camino más caro de la república”, finalizó Alcuaz.
