Victoria Donda definió al chileno como “un luchador popular” y se pronunció en contra de una resolución que vaya en el sentido de lo dispuesto por la Corte Suprema.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, Victoria Donda, expresó su punto de vista sobre el caso del exiliado chileno Galvarino Apablaza señalando que “la situación de Apablaza es un caso testigo, ya que ha develado la lentitud del Gobierno argentino en resolver este tipo de cuestiones, poniendo en una situación de incógnita a quienes están pendientes de su resolución”.
Galvarino Apablaza Guerra presentó hace ya más de 5 años su petición de refugiado en base a la convención internacional ante la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) dependiente del ministerio argentino del Interior. La misma tiene el caso en estudio desde entonces. Por otro lado, Donda recordó que la Corte resguardó la atribución del Ejecutivo de concederle la categoría de refugiado político, la cual anularía el proceso judicial.
“Consideramos, además, que como ya se han pronunciado decenas de organismos de derechos humanos e incluso la Asociación Americana de Juristas (AAJ), dicha extradición no debe ser concedida ya que en Chile no están dadas las garantías constitucionales del debido proceso. En ese país la ley antiterrorista viene encarcelando masivamente decenas de mapuches que se resisten al despojo de sus tierras, por eso debemos respetar la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado que establece que ninguna persona en esa condición y/o solicitante de asilo, cuyo procedimiento de determinación de dicha condición esté todavía pendiente de resolución firme, podrá ser extraditado a otro Estado”, explicó la legisladora del interbloque Proyecto Sur
Ante esta situación, Donda consideró “imperativo que la Conare se expida urgentemente y tenga en cuenta la situación de esta persona en particular y la situación del país que lo está reclamando, ya que si bien Chile solicitó formalmente a Argentina la extradición, en ningún momento describió la conducta por la cual se lo acusa, mientras que el único argumento esgrimido ha sido la pertenencia de esta persona al antipinochetista Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Sería importante que el Gobierno ya no dilate más la situación de este luchador popular y no conceda su extradición”.
