El texto unificado consiguió las ocho firmas de las dos comisiones donde se trató el tema, que son las de Justicia, y la de Seguridad. Sobre control de armas hay un pre dictamen, pero no se conseguirían tan fácil las adhesiones.
Después de las reuniones que se realizaron durante las últimas semanas para debatir el tema, el proyecto que plantea el “Servicio Cívico Voluntario” consiguió este martes las firmas necesarias en el seno de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y de Seguridad Interior de la Cámara alta, para convertirse en dictamen de mayoría.
El programa, destinado a jóvenes en situación de riesgo social, unifica iniciativas correspondientes a los senadores radicales Ernesto Sanz y Laura Montero, el kirchnerista José Pampuro y el peronista Federal Adolfo Rodríguez Saá.
Recordemos que el proyecto capacita a jóvenes de entre 14 y 24 años de edad en oficios diversos, como así también apunta a fomentar la finalización de los estudios formales primarios y secundarios. Como contrapartida, los estudiantes recibirán una beca que no podrá ser inferior la actual Asignación Universal por Hijo.
Por otra parte, se pasó a la firma un proyecto para crear la Autoridad Nacional de Control de Armas y Explosivos, que reemplazará al actual Registro Nacional de Armas (ReNaR).
El oficialismo se negó a firmar el dictamen, argumentando que el proyecto que elimina al Renar tiene “exigencias de imposible cumplimiento a los actuales y futuros usuarios”, en tanto que menciona que “virtualmente se elimina la tenencia de armas”. Los legisladores que todavía no firmaron esta iniciativa son, entre otros, los del radicalismo.
La comisión seguirá analizando el próximo martes 28 otros dos proyectos de ley. Uno es del jefe del bloque de senadores kirchneristas, Miguel Ángel Pichetto, que propone eliminar la actividad ilícita de los desarmaderos de autos. El otro es una iniciativa que viene de Diputados y plantea combatir las salideras bancarias. Si logra dictamen y reúne los acuerdos necesarios, podría ser ley al día siguiente.
Sobre el texto de Pichetto no se pudo avanzar debido a las críticas que recibió por parte del presidente de la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, Francisco Astelarray, que aseguró que “prohibir la venta de autopartes usadas por ley va a fomentar aún más el mercado negro”, y agregó que la forma de combatir el robo de autos es “fomentando el mercado blanco”.
Por su parte, el asesor legal de dicha entidad, Carlos Estebenet, manifestó que la norma que actualmente regula esa actividad funciona, y dijo que si el Congreso sanciona el proyecto del líder de la bancada oficialista en la Cámara alta, habría “problemas con los camioneros y el sector agrícola” porque son trabajos que recurren a “autopartes reutilizadas”.
Ante estos rechazos, Pichetto se comprometió a realizar modificaciones “para que no lo tachen de inconstitucional” -por una supuesta “afectación al derecho a la propiedad”-, aunque resaltó que “va a llegar un momento en que va a haber que terminar con esta actividad, que siempre implica la comisión de delitos”.
El plenario realizado este martes por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales -cuya titular es la senadora salteña Sonia Escudero, del Peronismo Federal-, y de Seguridad Interior -liderada por el legislador chaqueño Fabio Biancalani, del oficialismo- de la Cámara alta se realizó en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.
