– A propósito de la controversia desatada por el pedido de la Corte formulado al Congreso, ustedes han presentado un proyecto propio, pero no hay coincidencias en la oposición. ¿Cómo va a quedar eso?

– Seguimos tratando de acercar posiciones, pero me parece que hay una gran confusión, sobre todo terminológica, seguramente por la larga tradición argentina en excesos en materia de intervención federal, que no significa sustitución de autoridades locales. Incluso en sus orígenes, diría que hasta la presidencia de Nicolás Avellaneda todas las intervenciones eran manteniendo a las autoridades locales. Cuando se habla de que el Congreso interviene, puede hacerlo de distintas maneras: desplazando o no a las autoridades locales, eligiendo uno de los poderes para intervenir, puede haber muchísimos modos. Intervenir quiere decir que penetra dentro de un ámbito reservado al ámbito local. En el caso del proyecto nuestro estamos penetrando a través de una ley que no podría dictar el Congreso si no es con las facultades de la intervención. Pero respetando por supuesto las autonomías locales y manteniendo a las autoridades. Es una ley que destituye al actual agente ante el Superior Tribunal de Santa Cruz y lo repone a (Eduardo) Sosa. Y se nombra a un comisionado para que con la fuerza pública asegure que Sosa asuma. Nada más. Lo que está en juego aquí es si las decisiones de la Corte Suprema se cumplen o no se cumplen. Y en el caso del radicalismo no vamos a ser cómplices de este agravio institucional, de esta pulseada absurda del Gobierno con la Corte. No puede haber Estado de Derecho en la Argentina si el Máximo Tribunal de la República no consigue que sus decisiones se obedezcan.

– Sin embargo la Presidenta ha dicho que es inconstitucional esta situación que se está dando.

– Me parece que lo que ha querido decir la Presidenta es que toda intervención sin duda tiene un costo respecto de la autonomía local. La quiero interpretar en ese sentido… Todos formamos un gran acuerdo que es el Estado federal argentino, uno de sus miembros no puede desconocer una de esas reglas básicas, que es que las sentencias de esa Corte federal se cumplan. Por lo tanto me parece que lejos de ser contra la Constitución, estamos cumpliéndola y la estamos salvaguardando. Sería una señal pésima en la Argentina que se diga que las sentencias de la Corte se cumplen si se quiere.

– Pese a ello, la oposición tampoco se pone de acuerdo. La Coalición Cívica ha expresado su desacuerdo con la postura de ustedes.

– Vamos a tratar de convencerlos, porque sinceramente me llama la atención que la Coalición quiera ser cómplice de este atropello institucional; nosotros no vamos a serlo. Vamos a dar el debate que haga falta, y sino, que cada uno de los dirigentes políticos se haga cargo de si a su juicio el Congreso puede mirar a otro lado cuando se está desobedeciendo de una manera tan flagrante un fallo de la Corte.