La Cámara baja aprobó a las 13.30, con una amplia mayoría, la aprobación de la suspensión de ejecuciones judiciales anteriores a la sanción de la ley de Emergencia Económica.

Se trata de un proyecto de autoría de la fueguina Nélida Belous, que suspende por 180 días hábiles las ejecuciones judiciales por deudas contraídas con anterioridad a enero de 2002, momento en que se dio por finalizado el régimen de convertibilidad.

En su discurso Belous destacó que esta suspensión de trata de una solución provisoria, y que “Si bien se sancionaron varias normas a favor de algunos deudores, siguen existiendo familias que no han tenido solución, y que viven con el temor de que les rematen sus viviendas, de que un día les toquen la puerta para desalojarlos. Por eso este Congreso debe asumir, más allá de la aprobación de este proyecto, búsqueda de una solución definitiva al problema de las ejecuciones”. Por otra parte, la diputada afirmó que “para mí aquí el derecho a la vivienda familiar está por encima de cualquier derecho que puedan reivindicar los acreedores, inclusive el de propiedad”.

Al respecto, el diputado del interbloque del Proyecto Sur Eduardo Macaluse pidió que “acompañen este proyecto de ley – 4165-D-09- para que miles de familias no se queden sin vivienda”. El pedido de Macaluse fue escuchado y 212 diputados votaron a favor y 5 en contra.

En el debate, el diputado oficialista Luis Cigogna fundamentó la posición del bloque. “Hemos hechos desde este Congreso un gran esfuerzo para salvar las viviendas de miles de familias. Buscamos una solución definitiva, pero el bloque del FpV está dispuesto en prorrogar este amparo para aquellos que quedaron marginados de la ley de Emergencia”, sostuvo el diputado bonaerense.

PROYECTO DE LEY

DE LA SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES JUDICIALES

Artículo 1º – Objeto. Suspéndase por el término de ciento ochenta (180) días hábiles la tramitación de los procesos judiciales que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos, cualquiera sea la instancia procesal en la que se encuentren, y en particular el acto de subasta y desalojo:

1. Que su objeto consista en la ejecución de deudas originadas en contratos de mutuos hipotecarios contraídos con la finalidad de:

a) Adquirir, mejorar, construir y/o ampliar la vivienda única, familiar y de ocupación permanente;
b) Cancelar mutuos constituidos originalmente para cualquiera de los destinos mencionados en el inciso anterior.

2. Que los contratos de mutuo hayan sido celebrados con anterioridad a la sanción de la ley nacional 25.561.

3. Que el objeto de la ejecución lo constituya la vivienda única del deudor y/o su familia. En aquellos supuestos en que la subasta se hubiese realizado, resultando adquirente un tercero con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, la suspensión no impedirá el perfeccionamiento de la venta, ni la aprobación del remate, ni el desalojo, ni la tradición del inmueble, si correspondieren.
La suspensión se hace extensiva a cualquier acción de ejecución por deudas conexas al proceso.

Art. 2º – Declaración de oficio. La suspensión dispuesta en el artículo primero se determinará aún de oficio por los tribunales correspondientes.

Art. 3º – Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden público.

Art. 4º – Entrada en vigencia. La presente ley entrará en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.