La Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que preside la peronista federal Sonia Escudero (Salta) giró para la firma varios dictámenes que el cuerpo tenía en estudio. Dos de ellos son de autoría de la propia Escudero: uno plantea la creación de una base de datos nacional de información estadística en materia de delitos; el segundo, en tanto, propone la creación del Consejo Federal Penitenciario. “Si bien está funcionando informalmente, la iniciativa plantea su institucionalización con la función de establecer los estándares mínimos en materia de seguridad penitenciaria”, aclaro la legisladora.

El tercero de los proyectos que fueron girados para la firma del dictamen correspondiente es un proyecto de ley con media sanción de la Cámara de Diputados que tiene por objeto elevar al rango de magistrados a los tutores y curadores oficiales.

El proyecto plantea que todos los tribunales del país con competencia en materia penal, los representantes del Ministerio Público ante los tribunales con competencia en materia penal de todo el país, la Policía Federal Argentina, las policías provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las fuerzas de seguridad, los servicios penitenciarios y, en su caso, las Fuerzas Armadas, deberán remitir a la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia la información necesaria con el fin de confeccionar la estadística general sobre la criminalidad en el país y el funcionamiento de la justicia.

La información estadística deberá estar a disposición en la página web de la Dirección de Política Criminal para consulta de cualquier interesado.

Además, la comisión de Justicia y Asuntos Penales prosiguió con el tratamiento del proyecto de ley presentado por la senadora por Chubut, Graciela Di Perna, para incorporar al Código Penal la figura del genocidio. En esta oportunidad, fue invitado a dar su opinión el constitucionalista Eduardo Barcesat.

El letrado dio el visto bueno al proyecto por cuanto “mejora las deficiencias existentes en la Convención Internacional que Argentina ratificó que, entre cosas, no establece la cuantía de la pena”.

“A partir de la sanción de esta norma, el hambre o la inacción gubernamental por casos de desnutrición podrán ser considerados como delitos de genocidio siempre que el resultado sea la muerte masiva de un grupo de personas”, sostuvo Barcesat ante una consulta de la senadora Escudero.