Una de las voces autorizadas para hablar de la ley de Salud Mental aprobada este miércoles por el pleno del Senado es la chubutense Graciela Di Perna, que es la secretaria de la Comisión de Salud de la Cámara alta: la legisladora, que se abstuvo al momento de la votación en particular, señaló en una entrevista con Parlamentario.com que mantiene “reserva” en relación con el texto aprobado.

Senadora, ¿cuál fue el tratamiento de este proyecto en la Comisión de Salud de la Cámara alta?

-Empecé este año en la Comisión de Salud, donde encontré que el proyecto de Salud Mental aprobado en Diputados había sido analizado superficialmente durante el año anterior. Una de las primeras intervenciones en el tema fue una invitación del ex diputado Silvestre Begnis para participar en la primera reunión del Consejo Federal Legislativo de Salud (COFELESA), que se hizo en el Senado. Además de él participaron Antonio Morante, presidente de la comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, Yago Di Nella -quien estaba por hacerse cargo de la dirección nacional de salud mental y adicciones-, y el doctor Cohen, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En dicha reunión mencionaron que estuvieron trabajando durante cuatro años en el proyecto de ley y manifestaron la necesidad de una rápida sanción del Senado. En consecuencia, nos pusimos a trabajar, analizamos el proyecto con los asesores y comprobamos que no sólo tenía una serie de imperfecciones, sino que tampoco había sido consensuado con las áreas respectivas de las provincias, que ya tenían una ley; sí con ciertas ONGs, pero no con asociaciones profesionales, jueces, ni por quienes llevan las actividades en el ejecutivo en las provincias, que ya tienen una ley de salud mental propia.

¿Qué sucedió luego?

-A partir de allí, los asesores se pusieron a trabajar en las sugerencias de modificaciones, considerando los proyectos presentados como un aporte a la discusión, entre los cuales se encontraba uno que teníamos en coautoría con el senador Cabanchik (Proyecto Buenos Aires Federal). Todos aportaban al análisis de la nueva sanción, proponían modificaciones y cambios en los artículos más conflictivos. Pese a la inmensa cantidad de expositores que hubo en las reuniones de comisión y a todas las propuestas para mejorar el proyecto, el senador Cano –titular de la Comisión de Salud de la Cámara alta- y la senadora Fellner –vicepresidenta del cuerpo que lidera el tucumano- impulsaron el proyecto venido de Diputados, sin cambiar una coma.

¿Qué puntos critica de la nueva ley de Salud Mental?

-Me parece contradictorio que algunos senadores reconocieron fallas pero votaron a favor, manifestando que hay que confiar en que el Ministerio de Salud los va a corregir en la reglamentación. Yo creo que debería haber sido una tarea de los senadores, porque nuestro papel es ser una Cámara revisora. Es parte de nuestro rol como institución y por eso creo que la aprobación fue desprolija.

¿Tiene alguna objeción sobre el articulado?

-Esta iniciativa no menciona en ningún punto el abordaje de la problemática ambulatoria, me parece que es una falla grosera. Además confunde la internación con institucionalización. La internación deja de ser una herramienta del médico para el tratamiento de las personas y pasa ser una decisión exclusiva del juez. Por lo tanto, burocratiza la internación de los pacientes que así la requieren. Por otra parte, esta ley crea un órgano supervisor de revisión que está por encima de los jueces, mientras que nosotros planteábamos que el órgano revisor debía ser el ministerio público de la defensa, que es una institución existente, en vez de burocratizar las estructuras. Lo más probable es que no se termine creando. Otra de las cuestiones es que para llevar adelante una ley de desmanicomialización se necesita trabajar fuertemente en la infraestructura no sólo cerrando manicomios, sino abriendo dispositivos intermedios, llámese casas de medio camino, centros de día o centros de salud. Y la ley no estipula nada sobre estos dispositivos intermedios, que son fundamentales en el proceso de reinserción en la comunidad de estos pacientes. El Estado Nacional tampoco se compromete con un fondo para llevar adelante esta ley. Por eso las provincias van a ser las que se terminen de hacerse cargo, provincias que justamente no se consultaron en el tratamiento de este proyecto.

¿Y en cuanto a los equipos interdisciplinarios?

-La ley plantea a los equipos interdisciplinarios no como una sumatoria de los saberes, sino que deja abierta la puerta a la intromisión en la competencia de cada profesión. Esto puede llevar al ejercicio ilegal de la medicina. Considero que esto va a generar múltiples problemas en los equipos de salud en donde no se respete esta cuestión. También es un problema la indicación de medicamentos, que es una competencia médica porque tiene que ser indicado con responsabilidad y competencia científica, procurando que produzca lo menores efectos colaterales sin dar lugar a sospechas de mala praxis a todo el staff médico.

¿Cree que se podrá aplicar correctamente la ley?

Tal como está, creo que en Argentina hay muchos puntos inaplicables. Se está replicando el modelo fallido que aplicó Brasil y que ha sido impulsado por organismos internacionales, como la OPS. También es un ejemplo la ley de Salud Mental de la ciudad de Buenos Aires, que tampoco se pudo aplicar. A mí me parece que sólo se tuvo en cuenta este criterio importado sin considerar aquellas excelentes experiencias nacionales, que a lo largo de muchos años se han ido perfeccionando y trabajado por profesionales argentinos de nuestro país. Las provincias se van a tener que hacer cargo de algo para lo cual no van a recibir ningún fondo.

¿Por qué se abstuvo en la votación en particular?

-Yo voté la ley en general porque creo que una ley de Salud Mental es necesaria, pero también creí que se podían introducir modificaciones para mejorarla y no fue así, lo que me llevó a abstenerme en la votación en particular.