El contexto en el que se creó el Ministerio de Seguridad no podría ser más contradictorio. Por un lado, emerge como respuesta gubernamental frente a la manifestación del conflicto social, asociado al cuadro de marginación que vive una importante parte de la población argentina, y, particularmente, frente a la demanda expresada en ocupaciones concretas de tierra y vivienda. Estos hechos fueron reprimidos tanto a través de efectivos regulares (Policía Federal y Metropolitana), como irregulares (patotas, “barras bravas” asociadas a distintas facciones políticas), dando como resultado asesinatos, varios heridos y detenidos. Así mismo, las decisiones políticas tomadas por el oficialismo promovieron el despliegue territorial de la Gendarmería sobre el conurbano bonaerense y la Ciudad de Buenos Aires.

La paradoja radica en que frente a la conflictividad social, el Gobierno, en lugar de ensayar la creación de un Ministerio de Hábitat capaz de encarar una política de tierras y de afrontar el déficit habitacional, recurrió a la represión, la militarización en territorio metropolitano y la creación del Ministerio de Seguridad.

La situación descripta no permitiría en principio abrigar expectativas interesantes respecto del nuevo Ministerio, sin embargo, de manera contradictoria con el contexto expuesto, que el Ministerio haya quedado a cargo de la doctora Nilda Garré y que se haya consensuado la separación del Jefe de Gabinete Aníbal Fernández del control efectivo de las fuerzas de seguridad, particularmente de la Policía Federal, son pasos indispensables para cualquier reforma democrática de dichas fuerzas.

En razón de esto, presentamos los lineamientos siguientes para la transformación de la institución policial:

1. Mando civil sobre las fuerzas de seguridad. Asuntos Internos de todas las fuerzas bajo la órbita del Ministro del área. El mando civil no es, en sí, garantía de transparencia, pero la conducción política reduce altamente los niveles de autogobierno de las fuerzas y, sumado al control interno desconcentrado del ámbito policial, genera una instancia indispensable para la de mayor visibilidad institucional.

2. Reestructuración y jerarquización de la carrera policial. La carrera policial debe trazarse mediante un escalafón único, readecuando el régimen a las especialidades policiales.

3. Constituir una agencia federal de investigaciones con la tarea de investigar y conjurar las grandes tramas delictivas. Intervención a fondo sobre las estructuras de negocios conocidas como la “industria del delito”.

4. Intervenir el área de Inteligencia otorgándole una matriz destinada a la conjuración delictiva y la investigación.

5. Abrir los archivos policiales tanto los que se refieren al accionar de las fuerzas como a los registros de antecedentes de ciudadanos y ciudadanas, instrumentando para este último caso, una efectiva operatividad del habeas data.

6. Revisar y reformular los planes de estudio de las diferentes carreras que dicta la Universidad de la Policía Federal, garantizando una formación comprometida con el respeto de los Derechos Humanos. Desmilitarización de la capacitación policial.

7. La reestructuración de la fuerza debe hacerse previendo el traspaso a la órbita de la Ciudad, de la actual Superintendencia de Seguridad Metropolitana, en un plazo no mayor a dos años. Proceso que debe darse paulatinamente y en forma coordinada con el gobierno local.

8. Eliminación de la división de contravenciones de la PFA.

9. Depurar los cuadros policiales que hayan prestado servicio durante la dictadura militar, en dependencias utilizadas como centros clandestinos de detención, alojamiento y/o tortura de detenidos desaparecidos y presos políticos.

10. Desvincular a la PFA de tareas administrativas, como certificación de domicilio, etc., que deben encontrarse bajo la órbita de autoridades locales.

11. Paulatina desafectación de la PFA de las tareas vinculadas al control del tránsito en la Ciudad las que deben ser traspasadas a la autoridad local.

12. Constitución de un Consejo Asesor de Seguimiento de las Reformas, integrado por representantes de la sociedad civil, legisladores nacionales y de la Ciudad y académicos de universidades públicas .

Estos puntos no pretenden operar como una exigencia de cumplimiento inmediato pero sí como lineamientos indispensables que orienten el accionar de las nuevas autoridades y permitan un efectivo seguimiento de las reformas por parte de la sociedad y las fuerzas políticas de la oposición.