Los senadores tienen en sus manos cinco proyectos enviados por el Poder Ejecutivo que tienen que ver con la Seguridad. Una de ellas propone una modificación integral de la ley de Ejecución Penal. El Cuerpo recién comenzaría a tratarlos a partir de marzo.
Sobre el cierre del 2010 el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Casal, ingresó cinco proyectos de ley en la Cámara alta; se trata de iniciativas consensuadas en el marco del Consejo Provincial de Seguridad donde se destaca la propuesta que propone una modificación integral de la ley de Ejecución Penal bonaerense.
El ímpetu puesto de manifiesto por Casal, no les movió ni un pelo a los senadores bonaerenses.
El paquete de cinco proyectos presentado en la Cámara alta el pasado 21 de diciembre de 2010 no logró modificar la hoja de ruta trazada por los integrantes del Cuerpo que decidieron obviar los textos, por lo menos hasta el nuevo período legislativo.
No obstante, el ministro de Justicia y Seguridad, en la presentación se permitió exhibir un halo victorioso al mostrarse confiado que la batería presentada podría ser tratadas en sesiones extraordinarias a partir del consenso alcanzado, según aclaró.
Las autoridades del Senado, por las dudas, ni se dignaron en acompañar al ministro a la conferencia de prensa que se realizó en el Palacio Legislativo el día del ingreso formal de los proyectos, tampoco amagaron a convocar una sesión para que las propuestas tomen estado parlamentario. Así, el entusiasmo manifestado por Casal contrasta con la indiferencia que, al menos, las máximas autoridades de la Cámara de origen han manifestado, en el arranque del pleito.
Empero, en la Cámara alta nadie parece tener opiniones encontradas con las iniciativas que tendrán que formar parte del temario que se irá conformando para las primeras sesiones ordinarias del año, que como se sabe, es electoral y será poca la actividad legislativa luego del primer semestre.
Ejecución Penal
Entre las iniciativas que el Ejecutivo pondrá a consideración de la Legislatura se encuentra una nueva reforma al Código de Ejecución Penal, como consecuencia del fallo Verbistky de la Corte Suprema de 2005.
Dicho fallo advirtió sobre la necesidad de la Provincia a adecuar su legislación de Ejecución Penal y Penitenciaria a los estándares fijados por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas receptadas por la Ley nacional 24.660.
En consecuencia el proyecto presentado por el PE, contiene, casi en su totalidad, y con mínimas variaciones, cada una de las reformas que fueran condensadas en el proyecto de ley elaborado por el Senado a raíz de las conclusiones de las mesas de diálogo celebradas en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia en el caso de referencia.
En concreto, el proyecto caratulado como A-29/10-11 modifica 51 e incorpora 12 artículos en la Ley 12.256, Ley del Servicio Penitenciario; además modifica 12 artículos de la Ley 11.992, el Código Procesal Penal.
Conceptualmente, el proyecto que espera tomar estado parlamentario en el Senado transita por ocho ejes esenciales. A saber: la compatibilización con el régimen nacional de todos los institutos relacionados con la extensión, consistencia o modalidad de cumplimiento de la pena; la oralización de las decisiones trascendentes de la etapa de ejecución; la taxatividad legal y el control jurisdiccional efectivo sobre sanciones disciplinarias a internos así como la caducidad registral de los antecedentes sancionados; el carácter no vinculante de los informes criminológicos; la revisión semestral obligatoria y en audiencia oral de la continuidad de las medidas de seguridad; la creación de Secretarías de Control en cada Juzgado de Ejecución para el control del cumplimiento de las cargas impuestas en la condena condicional y suspensión del proceso a prueba; la separación dentro del Patronato de Liberados de las funciones de asistencia respecto de las facultades de supervisión y control; y la afirmación de la garantía del juicio previo para la imposición de medidas de seguridad.
Identidad reservada
El Ejecutivo provincial, a través de unas de sus propuestas, pretende incorporar el artículo 233º bis a la Ley 11.922, Código Procesal Penal, para establecer nuevas pautas para las declaraciones Bajo Reserva de Identidad (BRI).
El nuevo texto propuesto considera que “toda persona que desee aportar información para el esclarecimiento de un ilícito, podrá requerir al fiscal declarar BRI. En este caso, y en el supuesto del artículo 286 tercer párrafo, el testigo o denunciante no podrá ser citado compulsivamente al debate. La declaración recibida BRI en la investigación penal preparatoria no podrá ser utilizada en el debate oral como medio de prueba para fundar la condena del imputado, y solo tendrá valor como anoticiamiento de la comisión de hechos ilícitos o para orientar su investigación y esclarecimiento”.
El Ejecutivo estima que de esta forma se “permitirá potencial la participación ciudadana en la administración de justicia fortaleciendo el vínculo y auxilio imprescindibles para el eficaz esclarecimiento y represión de los ilícitos”.
Investigadores Judiciales
Crear en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, dentro de la subsecretaria de política criminal e investigación judicial, el Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) es el objetivo de otro de los proyectos presentado en la Cámara alta por el Poder Ejecutivo.
La iniciativa, a la par de disponer la creación de los CIJ que se encontrarán a disposición de las fiscalías departamentales, propone una modificación al Código Procesal Penal a fin de legitimar su actuación de modo de garantizar la validez procesal de sus tareas. Por lo tanto es necesario modificar los artículos 267 y 268 de la Ley 11.922 incluyéndolos como nuevos auxiliares del Fiscal.
El carácter siempre cambiante de los fenómenos sociales e institucionales, y la complejidad y variabilidad de los delitos que se comenten en el territorio provincial y nacional, reclaman, según se fundamenta, una adopción de medidas para concretar una mayor efectividad de la actividad Estatal a la hora de dar respuestas concretas a la ciudadanía.
Casación Penal
En otros de los proyectos presentados se pretende modificar los artículos 2º, 8º y 12º de la Ley 11.982, agregar párrafo final al artículo 20º y modificar 451º de la Ley 11.922 y de esta forma crear cinco nuevas salas de Casación Penal.
Estas modificaciones pretenden una regulación que apunta no sólo a garantizar máxima celeridad en la instancia recursiva sino también a afianzar la necesaria cercanía entre los órganos de juzgamiento -en este caso recursivos- y el lugar de comisión de los ilícitos.
En rigor, se propone que el Tribunal de Casación mantenga una presidencia fija con sede en La Plata, pero que las once salas que lo componen se distribuyan manteniendo cinco de ellas en la Capital provincial con competencia territorial en los Departamentos Judiciales de La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Morón y Quilmes. Y el resto -a razón de dos salas por sede- en las ciudades de San Martín, con competencia en los Departamentos de San Isidro, San Martín, San Nicolás y Zárate Campana; Mercedes, con competencia en Junín, Mercedes, Pergamino y Trenque Lauquen; y Mar del Plata, con competencia en los Departamentos Judiciales de Azul, Bahía Blanca, Dolores, Mar del Plata y Necochea.
Reinserción Social
Otro de los temas que es abordado por un proyecto del Ejecutivo es la promoción de distintas medidas para propiciar la reinserción social de personas privadas de la libertad. A través de su proyecto el Ejecutivo se propone la eliminación de los obstáculos legales que restringen las posibilidades de acceso al empleo de quienes han purgado sus condenas. Por otro lado, retomando los lineamientos de propuestas previas, sendos proyectos presentados por el senador Mariano Grau recientemente, se articulan una serie de medidas que tienden a fomentar, tanto en el sector público como privado, la contratación de liberados, pero “no como política de privilegio para un sector, sino como herramienta destinada a asegurar la igualdad de oportunidades frente al acceso del trabajo formal”, según se consigna en la propuesta elevada.
Concretamente se propone derogar la prohibición absoluta contenida en el artículo 3º de la Ley 10.430, que impide el acceso al empleo público de quienes registren antecedentes condenatorios sin importar que hayan cumplido con la sanción impuesta. Asimismo, se promueve la regulación de un incentivo por medio de descargas impositivas –equivalente al 50% de las remuneraciones nominales que éstas perciban, como pago a cuenta de ingresos brutos- para los empleadores que contraten liberados así como la prevalencia en las contrataciones públicas cuando exista paridad de calidad y precio.
Se establece, además, un cupo laboral del 2% de la Administración Pública Central para los liberados, se invita a los municipios a hacer lo propio y se sugiere el fortalecimiento de la oferta crediticia para los particulares que conformen cooperativas de producción dirigidas a la integración social de los liberados.
