La senadora kirchnerista Blanca Osuna destacó los operativos realizados para detectar casos de trabajo esclavo que viene realizado la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ya que las empresas involucradas “anteponen el interés económico por sobre el cuidado de los recursos, del ambiente y de las personas”.

Osuna expresó en un comunicado su “profunda preocupación por la falta de cumplimiento, por parte de la empresa Iberpapel SA, de la orden emanada de la Secretaría de Medio Ambiente de Entre Ríos, para demoler un terraplén de más de ocho kilómetros que levantó en la zona de humedales del arroyo Caraballo, que desemboca en el Río Uruguay”, y agregó: “Ese murallón fue levantado ilegalmente ya que no sólo se violó la legislación vigente y no se pidieron las autorizaciones correspondientes, sino también porque no se realizaron estudios de impacto ambiental para evaluar su viabilidad ecológica”.

La legisladora entrerriana dijo que “la falta de realización de los estudios ha impedido evaluar las consecuencias del terraplén sobre la calidad de las aguas del Río Uruguay”, algo que llevaría a determinar “si la obra efectivamente viola las disposiciones del Estatuto del Río Uruguay”.

Por último, la senadora advirtió que la Constitución provincial protege los humedales entrerrianos y prohíbe la “construcción de obras de infraestructura a gran escala que puedan interrumpir o degradar la libertad de sus aguas y el desarrollo natural de sus ecosistemas asociados”.