El Estado no brinda respuestas a un nuevo caso de violencia familiar

En la Seccional 7º de la Policía Bonaerense, en Lanús oeste, sólo aceptaron tomarle testimonio y no una denuncia a una mujer que sufrió el ataque de su esposo en estado de ebriedad y fue salvada por sus hijos. Pocas horas después, el hombre quedó en libertad. La mujer se encuentra en su casa. Será un caso más de “feminicidio” ¿Muchas leyes, poca efectividad?

Otra mujer en peligro y el Estado ausente. Un nuevo caso desata la alarmante estadística de mujeres que conviven con el latente asesino y al pedir ayuda ante la desesperada situación, las instituciones no funcionan y las respuestas son tibias y tardías porque no están a la altura de las circunstancias para brindar la contención a la victima y evitar un trágico final: la muerte. Tampoco exite una legislación acorde.

Desde el Congreso de la Nación se alza la voz y varios proyectos de ley apuntan a elevar las penas para los delitos agravados por parentesco y acción gravosa como es quemar a su propia esposa, novia o ex pareja. Qué lejos queda Rivadavia y Entre Ríos para miles de mujeres que sufren silenciosamente con la complicidad del Estado. Es verdad, se ha hecho mucho desde la legislación nacional con la voluntad política del Poder Ejecutivo, pero no alcanza. Todo, la ley de erradicación de la violencia contra la mujer, es poco para la mujer de Lanús que está en peligro. ¿Quién la ayuda?

Estado Ausente

Este nuevo caso se desarrolla en el distrito de Lanús, cuyo intendente es el oficialista Darío Díaz Pérez, donde recién en enero pasado se aprobó en el Concejo de Deliberante la creación de la primera Comisaría de la Mujer y la Familia, que todavía no está en funcionamiento.

En este contexto, Carolina, de 35 años, y sus cuatro hijos menores de edad sufrieron un nuevo ataque de “Roque”, carnicero de profesión que en estado de ebriedad tiene reiterados abusos contra su familia, usando sus instrumentos de trabajo: los cuchillos.

Luego de que uno de sus hijos se convirtiera en su salvador, el Estado le fue cerrando las puertas una a una. En primer lugar, los vecinos de Carolina llamaron al 911, que acudió al lugar de la inminente tragedia, trasladando al hombre a la Comisaría de Lanús oeste, seccional 7º de la Policía Bonaerense. Allí, el primer revés para la mujer: no le toman la denuncia, sino que sólo le permiten contar la versión de los hechos en calidad de una “exposición”, porque según los policías, el Código Penal no contempla ninguna otra alternativa. Sin embargo, el potencial asesino quedó en libertad a las tres horas después de haber sido desarmado (le quitaron tres cuchillos), pero igualmente, ante la propia presencia del personal de seguridad le gritaba a su esposa que la iba a matar. La única respuesta que dio la Policía de Lanús fue quitarle las llaves de la casa al hombre, que al recuperar su libertad fue a su casa y emprendió a patadas contra la puerta mientras su esposa y cuatro hijos aterrorizados esperaban por una mayor respuesta del Estado.

Por otra parte, los mismos solidarios vecinos de la mujer que trabaja de empleada doméstica sufrieron en carne propia la actitud amenazante del carnicero y decidieron llamar a distintas instituciones que tampoco dieron una aceptable respuesta. Se comunicaron con la Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires (0800-666-8537) que la derivaron al Programa Cuida Niños y Cuida Familia de la provincia de Buenos Aires (0800-6666-466), quienes volvieron a derivar el problema a la Comisaría de la Mujer y la Familia de Almirante Brown (4238-8555). En el tercer llamado, mientras el “carnicero” quedaba en libertad, se volvió a derivar el problema una vez más, pero en esta oportunidad, sólo brindaron una vaga dirección de la Comisaría de la Mujer de Lomas de Zamora. Al no tener una respuesta adecuada, se volvió a consultar al Programa donde se brindó el teléfono de la Comisaría de la Mujer de Avellaneda, los cuales no correspondían a la entidad sino a teléfonos particulares. Así, se paseó por tres partidos populosos del Conurbano bonaerense donde la desidia del Estado puede más que la solidaridad de los vecinos que temen un desenlace fatal.

En conclusión, cualquier nueva ley o modificación a las actuales será en vano si las primeras instituciones que tratan con las víctimas de violencia familiar no brindan respuestas contundentes para evitar la crónica de una muerte anunciada.

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