La senadora del Peronismo Federal Sonia Escudero fue ratificada este martes como presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, durante una reunión que se realizó este martes en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

También seguirán, como vicepresidenta y como secretario, la legisladora oficialista Marina Riofrío y el radical Mario Cimadevilla, respectivamente.

Durante el encuentro se definieron los principales temas de la agenda de la comisión para los próximos meses. En ese sentido, Escudero aseguró que las modificaciones en la legislación sobre de lavado de activos será una de las prioridades para el cuerpo que preside, y agregó: “Para dar cumplimiento al pedido de la Presidenta de la Nación durante la inauguración de las sesiones, es preciso contar con un informe de los reclamos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

Los senadores decidieron también la conformación de dos subcomisiones. Una, para estudiar y elaborar un proyecto de modificación integral del Código Penal; la otra, que analizará cambios en el Código Procesal Penal.

Por otra parte, el cuerpo liderado por la legisladora salteña debatirá sobre los accidentes viales, asó como también y las modificaciones en la ley de trata de personas.

En la reunión también se pasaron a firmar algunos dictámenes pendientes de 2010. Uno es de autoría de la representante de la Coalición Cívica en la Cámara alta (CC), María Eugenia Estenssoro, acerca de la extensión del plazo de prescripción de la acción penal en los casos de delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores.

Los otros son impulsados por Escudero: uno plantea crear una base de datos a nivel nacional de información estadística criminal, mientras que el segundo propone la confección de un registro de intérpretes ad hoc a cargo del Consejo de la Magistratura. El objeto de esta iniciativa es asegurar la intervención inmediata de intérpretes en cualquier idioma extranjero y en los idiomas de los pueblos indígenas que habitan el país, de modo de garantizarles el derecho de defensa y respeto a la identidad étnica del indígena imputado, procesado, actor o demandado.