Es inconmensurable el daño que podrían haberle hecho al Gobierno nacional las medidas de fuerza planteadas para este lunes. Afirman que podría haber representado un quiebre con grave proyección electoral.
Por José Angel Di Mauro
El gobierno arrancó la semana con la alegría del triunfo en Catamarca, pero la terminó con una mueca de fastidio y desagrado, que no alcanzó a borrar el alivio que les causó el levantamiento de las medidas anunciadas por los camioneros, el cual amenazaba convertirse en el primer gran paro nacional de la era kirchnerista.
Más allá de que sobre la fecha de la elección catamarqueña un cauto optimismo comenzó a percibirse en las huestes del FpV, el resultado final no dejó de sorprenderlos. En modo alguno el gobierno nacional pensaba hacerse cargo de una derrota previsible, y prueba de ello es que ninguna autoridad había viajado para acompañar a sus candidatos; recién confirmada la tendencia se dispuso el traslado a esa provincia del ministro Florencio Randazzo, y el ascendente secretario de Medios Juan Manuel Abal Medina, para celebrar con los ganadores.
Corrió por cuenta de la propia fórmula vencedora nacionalizar la elección recién a la hora de los festejos, adjudicándole esa luz de ventaja obtenida a la influencia presidencial.
El resultado no hizo más que insuflar más optimismo al triunfalismo que hoy invade a las huestes K. Siempre atentos a los simbolismos, recuerdan en el entorno presidencial que la derrota de 2009 tuvo como primer eslabón del cronograma electoral también a Catamarca, donde entonces sufrieron un traspié. Toman entonces el resultado del 13 de marzo como una muestra del “cambio de clima” que cimienta sus esperanzas de victoria para octubre.
No importa el minúsculo número que representa el padrón catamarqueño a nivel nacional: menos del 1%, con apenas 252.430 ciudadanos en condiciones de votar, cuando por ejemplo en La Matanza -según muestra Radiografía del Conurbano Bonaerense, el libro de Juan Carlos Downes de reciente aparición- sólo el FpV obtuvo 259.159 en los últimos comicios. Lo que importa es el valor simbólico. Nada peor que ese resultado para una oposición que no logra reacomodarse desde la muerte de Néstor Kirchner.
Aunque no alcanzó para opacar el resultado, nada bien cayeron en la Casa Rosada las expresiones de Lucía Corpacci el día después de la victoria, que bastaron para desviar la atención hacia su vinculación familiar con el clan Saadi. Relación que en Catamarca todos conocían, pero que a nivel nacional desdibujó las repercusiones. Si bien en las altas esferas del gobierno nacional culparon al periodismo por “desviar la atención” trayendo al presente el crimen de María Soledad Morales, también cuestionaron la falta de cintura política de la gobernadora electa a la hora de las declaraciones.
Es que ese no es el costado donde más luce Lucía Corpacci, como bien demostró con el apagado discurso que dio al proclamar su victoria. Tampoco se ha mostrado como una brillante oradora en la Cámara alta, donde el año pasado ocupó el puesto 59, entre 72 senadores, en cantidad de palabras emitidas en el recinto.
Pero no fue la indulgencia de Corpacci respecto de su primo Ramón Saadi lo que inundó de preocupación los pasillos de la Casa de Gobierno y Olivos, sino el desborde sindical del jueves, cuando un pedido de la justicia helvética generó una desmedida reacción en cadena del sindicalismo.
Precisamente ese día, por la mañana, cuando aún nada se sabía del recurso judicial del fiscal general suizo, la diputada Elisa Carrió -siempre tentada por las declaraciones de tono profético- deslizó que Hugo Moyano podría ser el Herminio Iglesias de este gobierno. “Todos los días quema un cajón”, exageró, aunque poco después el líder de la CGT y su entorno se ocuparon de encender la mecha.
No tomó por sorpresa al gobierno la reacción de los camioneros tras conocerse a través del sitio de informaciones de la Corte Suprema la novedad judicial. Con los antecedentes de las reacciones sindicales tras las detenciones de Gerónimo Venegas y José Pedraza -pero sobre todo el primero de los casos, cuando la CGT se solidarizó con ese adversario político con el que siempre mantuvieron buena relación-, no podía esperarse menos del gremio camionero. Por el contrario, presumían una reacción fuerte, aunque tal vez no tan extrema.
La amenaza contra los medios no cayó tan mal como el anuncio de un paro de las características que se vislumbraban, que con movilización incluida podría significar para el oficialismo varios cajones quemados en un mismo día.
“A nadie más que al gobierno perjudica esta medida de Moyano”, coincidieron en admitir tanto en el kirchnerismo, como en la oposición, habida cuenta de que el paro del transporte se sentiría fundamentalmente en las grandes ciudades, y sobre todo repercutiría negativamente en la clase media. Además, reduciría aún más los días hábiles de un marzo ya perlado de días no laborables, en el comienzo de la semana en que el gobierno estrena el sistema de “feriados puentes”.
Pero si a algo le teme este gobierno más que a los paros, es a las movilizaciones. Así fue siempre y por eso el primer gran adversario que llegó a inquietar al kirchnerismo en el poder fue Juan Carlos Blumberg. Cuando el padre de Axel convocó a una movilización por el asesinato de su hijo y -contra todos los pronósticos oficiales- reunió a entre 150 y 200 mil personas frente al Congreso, el entonces presidente Kirchner estuvo bien lejos: había programado una oportuna visita a la lejana Tierra del Fuego, para asistir al acto del Día del Veterano de Guerra. Pero esa noche, cuando miles de manifestantes se volcaron a la Plaza de Mayo, por primera vez Cristina -que sí estaba en Buenos Aires- se sintió varada y sola en la Casa de Gobierno. Se refugió junto a otros funcionarios de confianza en el despacho de Alberto Fernández y desde allí siguieron por televisión las incidencias de esa movilización que si bien no era contra el gobierno nacional, los hacía sentir que por una vez les habían ganado la iniciativa, tomándolos con la guardia baja.
A sabiendas del poder movilizador del gremio que más gente puede mover, de más está decir que nada quería menos el gobierno que una demostración de fuerza como la que habían anunciado para este lunes en Plaza de Mayo. De ahí las febriles negociaciones que se desarrollaron a lo largo del viernes último a dos puntas: ante el juez Oyarbide, para una rápida respuesta judicial que apaciguara ánimos, y ante los jefes sindicales para que revieran las medidas.
Al cabo, Hugo Moyano recién apareció en público para anunciar la “suspensión” de la medida. Un rapto de “cordura”, como definió ante parlamentario.com el diputado provincial Walter Martello, que viene investigando desde hace tiempo a la empresa Covelia y su vinculación con el jefe de la CGT. “No hay una vinculación legal probada, pero todo los relaciona”, aseguró.
Las negociaciones oficiales tuvieron éxito en los dos frentes: en el judicial, la justicia suiza aclaró que no investiga a los Moyano de forma directa; y los sindicalistas bajaron el paro. La tregua llegó para cerrar otro viernes complicado para el gobierno, que ya sufre el síndrome de los “viernes negros”: Parque Indoamericano, violencia en la estación Constitución…
Al menos se salvó de un “lunes negro”. Desde la oposición -porque los funcionarios se llamaron a silencio- anticipaban que ese día podía ser “bisagra” para esta administración.
