El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por Autopistas Urbanas S.A. y resolvió revocar la sentencia impugnada y anular lo actuado en el expediente “Epszteyn, Eduardo Ezequiel y otros c/ GCBA y otros s/ otros procesos incidentales en Epzteyn, Eduardo Ezequiel y otros c/ GCBA y otros s/ amparo”.

La sentencia cuestionada confirmaba la decisión de primera instancia que, a su turno, había concedido la medida cautelar solicitada por diputados que invocaron su condición de ciudadanos (“cualquier habitante está legitimado en los casos que se vean afectados derechos o intereses colectivos”, alegaron) destinada a suspender el llamado a licitación pública Nº 04-AUSA-2010, hasta tanto se resolviera el planteo dirigido a obtener la nulidad del referido procedimiento de selección, que los accionantes apoyaron básicamente en la ausencia de autorización legislativa invocando el menoscabo del principio de legalidad.

Luego de considerar que el pleito buscaba obtener una sentencia que declarara la nulidad de una licitación pues, a criterio de los accionantes, no se habían cumplido los recaudos legales aplicables en tanto el endeudamiento involucrado requeriría una autorización legislativa obviada, los jueces Luis Lozano, Ana María Conde y José Osvaldo Casás, consideraron que bajo ninguna de las posibles interpretaciones de la pretensión los actores poseían legitimación para instar el amparo. En tal sentido, dijeron “si la pretensión de autos consistiera en prevenir la vulneración del principio de legalidad, en defensa de los intereses del pueblo, ello no constituye una causa y sólo corresponde a los titulares de derechos políticos ejercerlos en las urnas. En cambio, si por su intermedio se buscara resguardar derechos de incidencia colectiva, era imprescindible identificar alguno que asistiera a un grupo por el que los actores pudieran intervenir ante los tribunales, porque ni el erario público ni la legalidad ostentan tal carácter. Por su parte, la defensa frente a los perjuicios derivados de una contratación ilegítima, por hipótesis una como la aquí denunciada, sólo correspondería al contratante a título individual e indisponible para los actores. Finalmente, el resguardo de las competencias legislativas no les ha sido encomendado a los actores pues el mandato conferido como diputados los habilita a ejercer sus atribuciones en la Legislatura y no, por regla, ante el Poder Judicial”.

En particular, acerca de las atribuciones de los legisladores, se indicó que “no pueden actuar por fuera del objeto y modos previstos en su designación, que consiste en votar en la Legislatura, y no contempla la atribución de litigar en juicio en resguardo de derechos cuya protección el ordenamiento confiere a título individual a un sujeto distinto”.

La doctora Alicia Ruiz en cambio, votó por rechazar los recursos en consideración, ya que “los co-demandados no lograron exponer de forma clara y ordenada la crítica a los motivos por los que la Sala II de la Cámara consideró inadmisibles sus recursos de inconstitucionalidad”.