El crecimiento de la violencia y el delito en el deporte es un flagelo que preocupa a los legisladores. Para desterrar los violentos de lo clubes se presentó en Cámara baja un proyecto de ley.
Por Julia Castiglioni
Con críticas al actual sistema para controlar la violencia en el fútbol y denuncias de la existencia de “zonas liberadas” para la actuación de barras bravas, un diputado integrante del bloque del FpV/PJ, Gabriel Villegas presentó un proyecto de ley que propone trasladar a empresas privadas el manejo de la seguridad en los estadios deportivos y otras medidas como la creación de fiscalías especializadas para la investigación de estos delitos.
El proyecto de ley propone la creación de un Banco de Datos sobre Violencia en el Deporte; una dirección especial dedicada exclusivamente a prevenir e investigar delitos y contravenciones establecidas en el Código Penal y en la Ley del Deporte; crear Fiscalías especializadas en la investigación de la violencia del deporte, que tengan a su cargo la persecución penal de las organizaciones delictivas llamadas barras bravas y la construcción de Institutos de detención especial para alojar a los infractores a estas normativas.
Asimismo, la iniciativa propone que las entidades deportivas contraten servicio de seguridad privada para el interior de los estadios, siendo responsable la comisión directiva de los clubes deportivos, de las acciones u omisiones en que incurra la empresa de seguridad privada contratada para los eventos deportivos a realizarse por éstos. Esta idea también es alentada en el Senado por el presidente de la Comisión de Seguridad, el senador de UP Jorge D’Onofrio, y llegó a ser analizada en el mismo seno del CoProSeDe.
La norma también estipula que “aquellas empresas de seguridad privada prestatarias o contratadas eventualmente por los clubes deportivos que dolosamente alguno de sus integrantes permitiera, facilitara o participara en hechos de violencia en las instalaciones que presta el servicio, será sancionada con la suspensión en la actividad de vigilancia privada por el término de dos meses y no podrá por el término de cinco años prestar el servicio de seguridad en espectáculos deportivos o artísticos”.
“Se habla mucho acerca de cuánto es el dinero que se malgasta en el operativo policial, y siempre queda la especulación sobre la cantidad de policías que van al operativo y el número que finalmente se pasa al club”, argumentó el legislador de la Primera Sección Electoral.
Asimismo, agregó que “los dirigentes sostienen que poco pueden hacer ante tal problemática para que no se deje la zona liberada (a veces se permiten que choquen las hinchadas y así se produzcan disturbios tornando la presencia policíaca como imprescindible ante semejante hecho), mientras que los barrabravas modernos lo toman como una verdadera profesión, toman su actividad como medio de vida diario”.
Para Villegas, las barras bravas “nacieron como una necesidad de organización dentro de las tribunas, pero a medida que fue pasando el tiempo y transcurriendo los actos de violencia tuvieron aún más incidencia en las decisiones del club”.
Entre estas decisiones, el diputado enumeró “la seguridad en recitales, estacionamiento del club y los alrededores a los estadios los días de partidos o cuando se realizan eventos en las instalaciones de la Institución, pedido de dinero a dirigentes, jugadores y allegados, reventa de entradas, viajes y excursiones”.
“La violencia en el deporte llegó y se instaló hace varias décadas y parece que las raíces del problema se alargan y engrosan para afianzar el negocio y a su vez teñir el espectáculo con un gris de luto del que no hay vuelta atrás”, sostuvo el diputado.
Villegas remarcó además que “son una mano de obra violenta que les sirve a los dirigentes, políticos, jugadores y Policía misma, pero el que se perjudica sigue siendo el ciudadano común que quiere concurrir a un espectáculo deportivo”.
En los últimos años, los casos de violencia y damnificados tras asistir a un espectáculo deportivo se han incrementado notablemente, pero los procesados por estos hechos, no son demasiados, porque en muchos casos, faltan pruebas, los testigos tienen miedo de declarar y la Justicia se ampara en que no tiene elementos necesarios ni leyes que contribuyan a prevenir situaciones de esta naturaleza.
El legislador hizo hincapié en que “nadie se anima a hablar públicamente de las barras bravas, de los dirigentes que las mantienen, de los políticos o gremialistas que las usan como fuerza de choque y de las autoridades que no hacen nada de nada. Algunos no hablan por temor a la venganza personal y otros porque no tienen autoridad moral para decirlo”.
“Rememorando una frase de Diego Armando Maradona: ‘la pelota no se mancha’, hoy podríamos completarla con: ‘pero el dinero la va pintando a su gusto’. Mientras siga habiendo gente que pague, el barra brava no va a dejar de existir”, remarcó finalmente Villegas.
