La reforma del sistema electoral porteño, una norma que regule las campañas electorales y una modificación del financiamiento de los partidos políticos, constituirá un verdadero cuerpo para regular las elecciones y los mecanismos de participación ciudadana.

Por lo tanto, es indispensable elaborar un verdadero modelo de reforma política dotado de institutos sólidos y fuertes, nuevas tecnologías y figuras innovadoras que garanticen la transparencia, la participación y el fortalecimiento institucional.
El 30 de junio de 1996 los vecinos de la Ciudad eligieron a su primer jefe de Gobierno, junto a 60 Convencionales Estatuyentes.

Historia

La Convención Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sesionó entre el 19 de julio y el 10 de octubre de 1996. Como resultado de sus deliberaciones, el 1º de octubre de 1996 sancionó la primer Constitución de la Ciudad, una pieza moderna, progresista, pluralista, con un gran contenido garantista, abierta a las complejas transformaciones de nuestra sociedad y, seguramente, una de las más avanzadas del planeta.

El título tercero del Libro Segundo de la Constitución establece la composición y atribuciones del Poder Legislativo.

Posteriormente, el 26 de octubre de 1997, se celebraron las primeras elecciones para la constitución de su Legislatura. Los 60 diputados electos reflejaban entonces la representación política de una Ciudad que se aprestaba a entrar en el Siglo XXI en pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos y sociales.
El 10 de diciembre de 1997, la Legislatura inició sus sesiones con el afán de legislar en consonancia con un modelo de sociedad democrático y ampliamente participativo que incluya a todos los porteños.

Sin embargo y paradójicamente, el sistema político porteño adolece desde entonces y a pesar que la Carta Magna indica taxativamente que la Ciudad debe dictar su propio Código Electoral y demás leyes que permitan el funcionamiento pleno de la vida democrática, la Legislatura aún no pudo consensuar un cuerpo normativo propio que regule la elección de autoridades locales, esto es jefe, vicejefe, legisladores y ahora comuneros.

Han pasado casi 16 años desde que asumiera el primer jefe de Gobierno. Se realizaron cuatro elecciones para jefe comunal y seis comicios para la elección de legisladores. En todos los casos se utilizó el Código Electoral Nacional y normas complementarias para celebrar las elecciones.

En debate desde 1997

En la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura hay 34 proyectos que proponen tanto la sanción de un Código Electoral, como de una ley de partidos políticos. También se debatía en el Parlamento una ley para regular el financiamiento de las organizaciones políticas: acá las diferencias fueron rápidamente salvadas y, en consecuencia, las agrupaciones verán incrementados los fondos que actualmente recibían y que, según se expresa en el proyecto que diera origen a la actualización de los montos, data de 1999, según lo establece la Ley 268.

Resulta paradójico que legisladores integrantes de bloques tan disímiles, hayan encontrado en forma tan veloz, coincidencias para aprobar una iniciativa que, sin lugar a dudas, debería ser considerada, pero que no era el tema principal de la agenda sobre reforma política que desde hace años se viene debatiendo.

La propuesta fue consensuada por las bancadas del PRO, Coalición Cívica, Diálogo por Buenos Aires, Unión Federal, Nuevo Encuentro, SI y Encuentro Progresista. Este fue el resultado de la votación: 46 votos positivos, 6 en contra y 3 abstenciones.

Propuestas

Varias iniciativas ingresaron en la Legislatura sobre el Código Electoral y la mayoría de las propuestas coinciden y reivindican la letra de la Constitución nacional, que través de su reforma de 1994, reconoce el carácter de “instituciones fundamentales” de los partidos políticos en el sistema democrático que organiza el sistema de convivencia, así como la libertad para la creación de los mismos y el ejercicio de sus actividades. Del mismo modo la Constitución de la Ciudad reconoce a los partidos políticos como “canales de expresión de voluntad popular e instrumentos de participación, formulación de la política e integración de gobierno”, en función de lo cual garantiza su libre creación, así como su organización democrática, y fija luego el marco general de su desenvolvimiento.

También las propuestas critican “la lógica mercantilista de los medios de comunicación que condiciona los tiempos, espacios y las formas de los contenidos” lo que habría obligado a que los partidos deban definir nuevas estrategias, adoptar un lenguaje diferente enfrentando un gran desafío, que es el de transformar a sus dirigentes para un nuevo rol y a las organizaciones políticas en maquinarias electorales y recaudadoras de fondos, lo que introduce una nueva y delicada cuestión: El financiamiento.

En esta mezcla de lo público con lo privado, siempre la sospecha se hace presente. Cuando el sector privado financia las actividades políticas es dable pensar que se espera algo a cambio cuando se accede al poder, es por ello, que la reforma también debe incursionar en este terreno. Es opinión generalizada en los proyectos que se encuentran en debate, que el financiamiento de la actividad política y de los partidos debe ser íntegramente estatal y que la contribución del sector privado debe estar regulada y debe ser subsidiaria.

Otro punto al que apuntan las propuestas de reforma están relacionadas con el sistema electoral. Algunas modificaciones que se reclaman, se podría considerar, complicarían y ahondarían aún más los problemas que se quieren resolver.

Un aspecto que es muy criticada por actores sociales, políticos, algunos publicistas y detractores del sistema electoral actual, es aquella que dice que, para terminar con las listas “sábanas” hay que modificar el sistema proporcional D’Hont (vigente actualmente) por el sistema de “circunscripciones uninominales”, lo que en realidad es mezclar las cosas.

En cambio sí podría facilitar una relación directa entre el ciudadano y el representante que no desvirtúe la representatividad de las tendencias políticas, entre otros mecanismos, sería terminando con las elecciones simultáneas, es decir, el mismo día y para todos los cargos. Es conveniente separar las elecciones nacionales de las provinciales y éstas de las municipales. Esto evitaría el arrastre de los cargos más significativos a los menores y terminar definitivamente con el voto “sábana”.

Es objeto de estas formulaciones crear un ordenamiento normativo que establezca un conjunto de reglas de juego claras y definitivas en materia electoral para la realización de las elecciones en el ámbito de la Ciudad. Una Ley Electoral debe determinar el cuerpo, esto es, quienes tienen el derecho y el deber del voto, los que tienen el derecho pero no están obligados a votar y aquellos que no tienen ese derecho; debe crear y mantener actualizado el registro de electores; debe especificar el régimen de convocatoria a elecciones y las características que deben reunir las presentaciones de los candidatos, las listas y las boletas.

Una Ley Electoral debe establecer las condiciones necesarias para la realización de los actos preelectorales y los actos electorales y el escrutinio provisorio y el definitivo. Debe, asimismo, determinar cuales son las violaciones en materia electoral y configurar un régimen eficaz de sanciones. En este caso, la Ley Electoral ha previsto, también, la creación de un Tribunal Electoral.

Estos proyectos vienen a llenar un vacío legislativo: un verdadero proceso de autonomía supone contar con un marco regulatorio que permita a los porteños elegir a sus gobernantes y participar en los procesos de democracia semidirecta previstos en la Constitución.
Por ello, las iniciativas -todas sin excepción- intentan satisfacer esa necesidad, evitando repeticiones de prescripciones desarrolladas en el Código Electoral Nacional y, al mismo tiempo, incorporando algunas figuras innovadoras.

Asimismo las presentaciones -en su mayoría- establecen una fecha fija – el cuarto domingo de octubre -para la realización de las elecciones. Esta decisión se fundamenta en que dejar en manos del Poder Ejecutivo la fijación del día de la convocatoria se ha prestado, a menudo, a distintas manipulaciones. La fecha coincide con la que estipula la Ley Nacional N° 25.983 para la elección de cargos nacionales. La excepcionalidad está prevista en el mismo artículo, dónde se establece que el jefe de Gobierno frente a una situación de emergencia podrá cambiar la fecha, pero siempre y cuando consiga el apoyo de los dos tercios de los votos de la Legislatura.

También se prevé la posibilidad que candidatos independientes puedan presentarse en las elecciones para cubrir cargos unipersonales (jefe y vicejefe de Gobierno). El principal punto a favor de esta decisión consiste en que cualquier ciudadano que “cuente con un caudal suficiente de apoyos populares pueda competir lealmente junto a los partidos, alianzas y confederaciones para obtener un cargo electivo”.

Es importante también la coincidencia existente entre las distintas propuestas en estudio que consideran conveniente contar con un Reglamento de Procedimientos Electorales dictado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Tribunal Electoral. El principal argumento a favor de esta iniciativa es la necesidad de tener un instrumento que flexibilice los procedimientos electorales, esto es, que permita incorporar las innovaciones tecnológicas en forma ágil y continua. El Tribunal Electoral sería el organismo encargado de elaborarlo a efectos que quede garantizado su adecuación al procedimiento electoral contenido en el texto legal.

Observadores y la lista sábana

Por otra parte, se propicia, además, la designación de observadores imparciales para el seguimiento de las campañas y los actos electorales. La decisión de incorporar veedores externos responde a la necesidad de dotar al proceso electoral de todos los controles necesarios para asegurar su transparencia y efectividad.

Resulta de relevancia asimismo, la promoción para que los instrumentos de sufragio evidencien signos distintivos para cada una de las categorías. La idea es lograr el quiebre de la “lista sábana” horizontal. La acumulación de cargos a cubrir en una misma elección favorece el “efecto arrastre” de la boleta que encabeza la lista respecto a las demás. Por ello, remarcar aquellos elementos que destaquen las distintas categorías contribuye a mejorar la calidad de la representación.

Las iniciativas acuerdan también en incorporar nuevas sanciones para las personas que infrinjan violaciones a la Ley Electoral. Al respecto, serían considerados infractores tanto aquellos electores que no concurrieron al acto comicial sin las debidas justificaciones, como las autoridades de mesa que no se presentaron a cumplir con su función sin tener una causa justificada. La concurrencia al acto electoral constituye una demostración de la participación y el compromiso de los ciudadanos en la elección de sus representantes y en el proceso de toma de decisiones. Por ello, los proyectos en su mayoría contemplan sanciones de carácter ejemplificador y cumplimiento efectivo para ese tipo de infracciones.

En lista de espera

La Justicia Electoral es otra deuda pendiente de la Legislatura. La principal decisión es fortalecer el papel de la Justicia en las cuestiones electorales. Así, el conjunto de las propuestas presentadas ante la Legislatura tienden a crear un Tribunal Electoral compuesto por tres jueces con especialización en la materia, una Secretaría y una Prosecretaría. El argumento esgrimido para preferir un órgano colegiado, en lugar de elegir uno unipersonal se basa en el principio de inamovilidad que distingue a los tres poderes de la Ciudad. Por otro lado, las sentencias firmadas por tres integrantes de un Tribunal aseguran un mayor equilibrio y amplitud de criterio en la toma de decisiones. Los requisitos exigidos para ser designado juez aseguran la independencia de los miembros del Tribunal Electoral de los sectores políticos partidarios.

En este aspecto también se instituye la figura del Fiscal Electoral con el objetivo de velar por el cumplimiento efectivo de la ley electoral, de partidos políticos, de campañas y toda normativa que verse sobre estas cuestiones.