Este jueves debíamos dar tratamiento a una serie de proyectos en la comisión de Relaciones Exteriores y Culto, entre esos temas se presentó un proyecto de declaración de beneplácito por el acuerdo firmado por el Canciller Héctor Timerman y Hebe de Bonafini.

El proyecto en mención ve con agrado que se promueva en otras partes del mundo la Misión Sueños Compartidos, que concreta la realización de viviendas dignas en los sectores más necesitados.

El beneplácito a esta tarea que realizan las Madres desde hace años, como los logros obtenidos, como el significado social y político que tienen las actividades de las Madres, no fue tenido en cuenta.

La primera en cuestionar dicho proyecto de declaración fue Patricia Bullrich, quien negó tratamiento por las investigaciones que se le realizan a Schoklender, y pidió no se lo trate; luego fue el turno de Iglesias con un parecido discurso, aunque reconociendo que este gobierno, el de Cristina, era el único que había actuado firmemente en materia de derechos humanos, sin embargo rechazó el tratamiento de dicha declaración.

Luego siguió Stolbizer, la que no desmereció el tratamiento pero pidió que se volviera a asesores para ver si era conveniente avalar convenios “sospechados” así, etc, etc.

El vicepresidente de la comisión, Ruperto Godoy, como yo, tratamos el tema desde la misma posición.

Lo que reclamé a los integrantes fue el tratamiento del proyecto, ya que ver con beneplácito una acción o un acuerdo que significa transferir la experiencia del proyecto al mundo y a aquellos que lo necesitan, no significa avalar la corrupción ni el ilícito que se denuncia a través de una causa; entendiendo que cuando hay una denuncia y un denunciado, la justicia tiene que obrar, papel que no le corresponde a los diputados (por constituir otro poder), y que en tal caso negar el tratamiento de un proyecto porque se sospecha de un integrante de la organización no significa cargar las tintas ni incriminar a todos, en fin, lo que realizaron fue en definitiva una condena generalizada a las Madres y a su trabajo de hace años, una condena política, aunque la nieguen, porque en el fondo condenan la relación de las madres con el único gobierno que las supo entender, ayudar y revalorizar ante la búsqueda de verdad y justicia, revirtiendo la ley de impunidad en 2003, y por todos los casos de procesados e imputados en causas de lesa humanidad que este gobierno logró a partir de la construcción de una justicia independiente y la acción permanente de nuestra presidenta Cristina en defensa de las madres y abuelas de desaparecidos y muertos por la dictadura militar.

Todos los protagonistas del día de ayer, fueron parte de gobiernos que poco pudieron hacer por los derechos humanos en comparación a los logros y la determinación por esclarecer tanta historia negra de nuestro país y llevar justicia a los familiares de mas de 30.000 desaparecidos, en su mayoría militantes jóvenes, obreros y estudiantes, de nuestra patria.

Lo de ayer, negar el tratamiento y dar un visto bueno a una acción solidaria como el proyecto “sueños compartidos” de Madres de Plaza de Mayo, no fue más que un intento más de involucrar a nuestro gobierno con lo que denuncian una corrupción estructural, en el cual involucran a toda la organización de la fundación de Madres de Plaza de Mayo.

Pensar que estos diputados en realidad buscan esclarecer la verdad cuando prejuzgan sin distinción ni pruebas suficientes, no es más que buscar un nuevo ataque a la relación de la Madres con nuestro gobierno, no les importa la verdad, solo la condena pública antes que el juicio justo. Es cargar la tinta sobre las Madres, antes que sobre el imputado o el sospechado, es condenar una relación política y afectiva entre el gobierno y el trabajo de las madres.

Quienes buscamos la verdad, siempre esperamos de la justicia y le exigimos, y en este caso también nos interesa nos esclarezcan sobre las denuncias que sufre la fundación, pero, no por eso podemos condenar a todos y todas, como denunciadores compulsivos al estilo Bullrich, Carrió y compañía.

Ver con Beneplácito una tarea, como “sueños compartidos” o una acción, que dignifica a muchas personas, no significa promover o tapar la corrupción de una organización!!! hay que ser necios o gorilas para pensar semejante cosa, cuando solo hablamos de derechos humanos y acciones solidarias!!!

Mariel Calchaquí es diputada nacional (FPV-PJ)