El diputado nacional Gustavo Ferrari presentó en el Congreso un pedido de informes a la cartera que conduce Julio De Vido, a los efectos de que se expliquen posibles irregularidades en los procedimientos y se clarifiquen los montos que el Gobierno ha destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, ya que del análisis expuesto en los fundamentos surgen valores excesivos en relación a otros contratistas.

Estas requisitorias buscan esclarecer presuntas irregularidades, atento a que del último informe de auditoria al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires realizado por la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, respecto a obras en ejecución iniciadas en 2009, surge que “mientras la construcción de 748 viviendas adjudicadas a la FMdPM por un total de $120,5 millones representó un costo promedio por unidad de $161.087, en el marco del mismo subprograma habitacional, de “villas y asentamientos”, el costo promedio de otros 24 contratistas por la construcción de 3.846 viviendas ascendió a $94.766 por unidad, poco más que la mitad (58%)”.

Asimismo, en línea con este último valor medio, en el marco del subprograma “nación-municipios”, surge que el costo promedio de 40 contratistas por la construcción de 3.884 viviendas ascendió a $94.684 por unidad; y en el marco del subprograma “plurianual”, el costo promedio de 50 contratistas por la construcción de 4.217 viviendas ascendió a $91.321 por unidad, lo que evidencia números consistentes ante la comparación con 114 constructoras, y resalta la diferencia con la FMdPM, cuyo costo promedio como señaláramos es de $161.087.

Todas las obras son financiadas con recursos del Plan Federal de Vivienda.

Conforme información dada a conocer por la propia FMdPM, el pedido de informes puntualiza que se han construido o están construyendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Misiones, Rio Negro, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, en el marco de su emprendimiento “Misión Sueños Compartidos”, según consta en su página de internet (www.suenoscompartidos.org.ar), unas 4.061 viviendas de similares características, las cuales, tomando como valor de referencia el referido costo promedio auditado en 2009, podrían estar involucrando más de $650 millones de recursos públicos, casi U$S 160 millones.

“Es por tanto, se insiste, imperioso esclarecer, sobre todo ante la ausencia absoluta de datos oficiales de acceso público, como correspondería”, advierte Ferrari.

La iniciativa apunta a la ejecución de obras habitacionales y de equipamiento comunitario por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en el marco del Programa Federal de Vivienda, y reclama puntualmente la identificación de cada una de las obras ejecutadas y ejecución, así como tipología y características técnicas generales.

Reclama además saber cuál ha sido la jurisdicción administrativa responsable y el procedimiento de contratación utilizado, fecha de adjudicación de cada obra, evaluación acerca de la idoneidad del adjudicatario, monto contratado y fechas de precios de referencia del mismo, fecha efectiva de inicio y terminación realizada o prevista.

Además de pedir nombres de actores participantes de esas obras, reclama conocer el grado de cumplimiento del plan de trabajos aprobado para cada obra, identificando los desvíos mensuales ocurridos y la situación actual respecto de la prevista en el contrato original. Identificar para cada obra la existencia de adelantos financieros y su porcentual respecto del valor total de la obra, así como la garantía exigida a la contratista por el adelanto percibido.

Asimismo reclama conocer cuáles han sido los montos transferidos mensualmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, a través del Programa Federal de Vivienda u otros afines bajo la órbita de ese Ministerio, indicando mes, año, obra, como así también cuál ha sido la cantidad de viviendas terminadas, entregadas y escrituradas a la fecha, discriminando por año y mes, y su costo promedio.

En caso de haberse detectado irregularidades en el desarrollo de las obras comprometidas, Ferrari pide identificar las mismas, las medidas adoptadas por las autoridades competentes y sanciones aplicadas en cada caso. De haberse efectuado denuncias judiciales, detallar fecha, carátula, juzgado y estado de la causa.