Para el diputado Ricardo Gil Lavedra, se busca intimidar a las empresas que miden la inflación. Además, consideró que el caso Schoklender “es un escándalo de corrupción prohijado desde funcionarios estatales”.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la Unión Cívica Rradical, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que lo que se ha hecho con las consultoras “es una persecución estatal directa para intimidarlas” y manifestó que “como nadie le cree al INDEC porque miente, ha cobrado mayor relevancia los datos de las consultoras privadas”.
Mediante un comunicado de prensa Gil Lavedra puntualizó que “en la reunión que hubo en la Comisión de Libertad de Expresión se ofreció a las consultoras que pueda funcionar el Congreso como caja de resonancia de los índices, para lo cual se les ofreció que nos enviaran sus índices y luego nosotros los promediaríamos y los daríamos a conocer a publicidad, para que ellos no se vean expuestos a la persecución estatal”.
“Cualquiera puede opinar libremente dentro de este punto, con lo cual no es que uno puede opinar si tiene determinados datos”, dijo Gil Lavedra.
En efecto, para el diputado se puede opinar sobre la evolución de los precios, ya que después “la gente le creerá o no de acuerdo a la seriedad de sus propias estimaciones”
“Esto es lo que ocurre cuando la credibilidad del registro oficial como es la del INDEC, está destruida”, sostuvo.
En tanto, consideró que “lo que está fuera de duda es quién miente y engaña a la población en una cuestión aberrante que ha causado un daño impresionante, es el haber malversado las estadísticas publicas y verdaderamente manipular cual es el numero de la inflación”.
“El INDEC no es un problema de metodología, es una cuestión directamente que no ponen los precios verdaderos”, añadió Gil Lavedra.
En tanto, el jefe de la bancada de diputados de la UCR consideró que el caso Schoklender “es un escándalo de corrupción prohijado desde funcionarios estatales”.
“No cabe la menor duda de que esto nunca pudo haber ocurrido si el Estado no ayudaba, con su falta también de control, a que las viviendas que fabricaban las Madres no hubieran sido obligada de las jurisdicciones a tomar las llave en mano”, declaró al respecto.
En tanto, agregó que “ha habido una presión estatal para que esto fuera así, con el propósito de participar del delito o del político directamente de tratar de cooptar a esta organización”
“Sinceramente yo no veo que vinculo puede haber entre la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y una constructora de viviendas”, concluyó Gil Lavedra.
