El proyecto consensuado en base a propuestas de los tres senadores chubutenses, que son Graciela Di Perna, Marcelo Guinle y Mario Cimadevilla. El texto en cuestión, votado de manera unánime, está relacionado con el capital de los que hayan sido afectados por las sequías y las cenizas volcánicas.
La Cámara alta avaló este miércoles, por unanimidad, una iniciativa que tiene como objetivo condonar los intereses y el capital de todos aquellos créditos otorgados a pequeños y medianos productores ovinos de la región patagónica, en el marco de la ley 25.422 de Recuperación de la Ganadería Ovina, que hayan sido afectados por la sequías y la precipitación de cenizas volcánicas.
El proyecto en cuestión fue consensuado en base a propuestas de los tres senadores chubutenses, que son Graciela Di Perna (dasnevismo), Marcelo Guinle (oficialismo) y Mario Cimadevilla (radicalismo).
Cimadevilla explicó en un comunicado que “la ley 25.422 creó un Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina que tenía por objetivo la recomposición de las majadas; la mejora de la calidad y productividad; la intensificación racional de las explotaciones; la utilización de tecnologías adecuada para el manejo extensivo; la reestructuración parcelaria, el fomento a los emprendimientos asociativos; el perfeccionamiento de los procesos de esquila; la clasificación y acondicionamiento de la lana, el control sanitario, aprovechamiento y control de la fauna silvestre; y el apoyo a las pequeñas explotaciones, entre otras cosas”.
En ese sentido, el legislador chubutense señaló que la región en cuestión “ha demandado mayoritariamente créditos de este fondo ya que, durante los últimos diez años, las condiciones agrometeorológicas, la variación de los precios internacionales y algunos eventos naturales, han generado condiciones verdaderamente adversas para la actividad”.
Para el senador, el Estado “debe acudir solidario en ayuda de estos productores, condonando las deudas para permitir que canalicen todos sus recursos económicos al sostenimiento de los niveles mínimos de subsistencia, teniendo en cuenta las proximidades de la temporada invernal y las implicancias que la misma tiene en la región”.
La iniciativa también establece que la autoridad de aplicación del Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina, creado por la ley 25.422, deberá certificar la verdadera afectación de las condiciones productivas de cada establecimiento como condición previa a la condonación de las deudas, aunque Cimadevilla destacó que ello no debe impedir “la inmediata efectivización de esta ley”.
