Diputados podrían dictaminar a favor de una iniciativa que dispone “la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación” en manifestaciones por reivindicaciones sociales.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados que preside Juan Carlos Vega (CC) tratará el martes 2 de agosto un proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social que en caso de aprobarse podrá ser debatido en el recinto de la Cámara baja.
La iniciativa en cuestión fue presentada por los diputados Horacio Alcuaz, Gerardo Milman, Margarita Stolbizer, María Virginia Linares y Fabián Peralta del GEN, y por los diputados de la Coalición Cívica Héctor “Toti” Flores, Fernanda Reyes y Fernanda Gil Lozano.
Además, el proyecto lleva la firma de los diputados de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, Claudio Lozano y Liliana Parada, del socialista Ricardo Cuccovillo, de Eduardo Macaluse (SI), Cecilia Merchán (Libres del Sur) y de la diputada de la UCR María Luisa Storani.
El proyecto de ley tiene por finalidad “garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”.
Para los diputados se trata de una “práctica que se ha arraigado en el accionar diario de algunos magistrados y fiscales que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos que, en ejercicio de su legítimo derecho de peticionar ante las autoridades, participan en organizaciones, movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos populares contra políticas sociales y económicas”.
En este sentido la norma establece que “se dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo o finalidad” de diversas reivindicaciones sociales.
“Ante la falta de respuestas del Estado a los reclamos populares, se torna cada vez más frecuente la utilización de los procedimientos legales con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales, deslegitimar la protesta”, expresan los diputados entre los fundamentos del proyecto.
Para los legisladores, “la judicialización de la vida en sociedad significa la derrota definitiva de la política como forma de organización social”.
“Según informan diversos organismos de derechos humanos son más de 5.000 las personas que actualmente padecen persecución penal, ya sea en carácter de imputados, procesados o condenados, por movilizarse en reivindicación de sus legítimos derechos y aspiraciones. Esta tendencia represiva ha ido en aumento, a la par de la gravedad de las imputaciones penales”, sostiene los diputados en el proyecto.
Además, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja tratará dos proyectos de ley para establecer la amnistía a personas que hayan participado en la lucha contra la instalación contra la instalación de plantas de celulosa.
El encuentro se llevará a cabo el martes 2 de agosto a las 15.30 en la Sala 4 del edificio Anexo de la Cámara de Diputados.
