En el proceso de consolidación de nuestras instituciones democráticas como base del sistema republicano, se deben fortalecer los valores fundamentales del rol del funcionario público. Es por ello que los últimos acontecimientos que son de público conocimiento sobre la responsabilidad del doctor Zaffaroni (ante las denuncias sobre irregularidades en los alquileres de sus propiedades inmuebles), no pueden omitirse las respectivas explicaciones y aclaraciones pertinentes.

La fortaleza de las instituciones es un principio fundamental en la credibilidad y en la delegación de poder que se transmite desde el pueblo hacia sus representantes. Y en esta situación existe un déficit ético que amerita las explicaciones y el esclarecimiento necesario ante posibles irregularidades que cuestionen la honorabilidad de una envestidura como la mayor magistratura de nuestra nación.

La Constitución nacional habilita los mecanismos necesarios para que, desde el Parlamento, podamos llevar adelante las acciones que analicen e investiguen el caso con la debida mesura y cautela que se requiere. El Congreso, es el ámbito indicado para ejercer y garantizar el control sobre la responsabilidad del funcionario que tiene a su cargo el resguardo del interés público.