El polémico tema de la interrupción voluntaria del embarazo no sería tratado este año. En diálogo con Parlamentario las diputadas Juliana Di Tullio y Margarita Ferrá de Bartol, ambas del Frente para la Victoria, son el fiel reflejo de que la discusión sobre esta práctica excede las fronteras partidarias: pone en juego el derecho a la vida.
Por Carolina Ramos
Uno de los temas que más divide opiniones entre la sociedad de nuestro país, sin dudas, es el derecho al aborto: un debate que la realidad argentina reclama, y que el Congreso nacional adeuda. Después de las elecciones primarias, la Comisión de Legislación Penal, presidida por el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) podría colocar el espinado tema en su agenda, aunque con escasas posibilidades que avance su tratamiento.
Sin embargo, no será nada fácil llegar a un acuerdo entre quienes plantean legalizar esta práctica y aquellos que se muestran en contra. Bajo el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, la Campaña por el Derecho al Aborto, Seguro, Legal y Gratuito contó con el apoyo de organismos como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), mientras que los sectores eclesiásticos se mantienen en alerta ante lo que consideran un verdadero atentado a la vida. Aún más, la interrupción voluntaria del embarazo contrapone argumentos entre integrantes de un mismo bloque de legisladores.
En rigor tiene pocas chances para su tratamiento, más allá de la escasa actividad legislativa, el tema es complicado colocarlo en la mesa de debate en un año electoral. Según admite la legisladora oficialista Juliana Di Tullio, “no es que la interrupción voluntaria del embarazo no se trata en Diputados; el Congreso nacional hace rato que no funciona, no es solamente este tema en particular, que es un tema conflictivo, que además me parece que sería lo mejor si estuviera limpio de cualquier esquema electoral. No me niego a hacerlo, incluso en esta etapa, si a mí me interesa el tema de verdad estaría dispuesta en cualquier momento, pero creo que es un tema que sí requiere no ensuciarlo con estas cuestiones”.
Legalizar el aborto
Sacar de la clandestinidad a esta práctica para evitar muertes innecesarias es el objetivo que 39 diputados buscaron tras ponerle la firma al proyecto que incluye a numerosos bloques, tanto el Frente para la Victoria como la Coalición Cívica, la UCR, Nuevo Encuentro, el Partido Socialista y el Gen, entre otros. La idea central de esta iniciativa ya se plantea en su primer artículo, que reza que “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción voluntaria de su embarazo durante las primeras doce semanas del proceso gestacional”, es decir, hasta los tres meses de embarazo. Pasado ese plazo, según el artículo 3, “toda mujer tiene derecho a decidir la interrupción del embarazo en caso de que en los siguientes casos: si el embarazo fuera producto de una violación, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer o si existieran malformaciones fetales graves”.
Algunas de estas excepciones ya están contempladas en el Código Penal; sin embargo, para Juliana Di Tullio, “en esos casos lo que existe es una clarísima voluntad de embarrar el derecho de esa mujer en el Código Penal para lograr el momento o la posibilidad de interrumpir los embarazos”. Por eso, lo que quieren lograr aquellos que apoyan la despenalización del aborto es derogar, puntualmente, el inc. 2 del artículo 85 y los artículos 86 y 88 en su totalidad, donde se tipifica al aborto como “delito”, y ampliar la despenalización hasta el primer trimestre del embarazo, con el fin de que las mujeres que recurren a esta práctica no sean sancionadas legal, moral y socialmente. Solo deberían castigarse por ley, entonces, los abortos realizados contra su voluntad.
Por otra parte, para asegurar que la práctica sea segura, esta iniciativa plantea que “toda mujer tenga derecho a acceder a la realización de la práctica del aborto en los servicios del sistema de salud”, tanto público como privado, al igual que cualquier otra intervención. Así, para poder realizarse un aborto, la mujer sólo necesitaría acreditar su consentimiento, sin ninguna autorización judicial previa. Di Tullio especifica que “quienes judicializan son los médicos que no quieren practicar la interrupción voluntaria del embarazo” y aclara que “es lícito tener objeción de conciencia, pero institucionalmente hay que darle una respuesta a esas mujeres”.
Pero quizás la cuestión de más importancia sea la de la gran cantidad de muertes maternas por abortos realizados bajo la clandestinidad. “El aborto lo practican todos los sectores, los sectores más humildes, los sectores medios, los sectores medios altos y los sectores altos. La diferencia es una diferencia social, las mujeres de clase media que practican la interrupción voluntaria del embarazo lo hacen en condiciones inseguras”, explica la diputada kirchnerista. Así, las posibilidades económicas de la mujer que desee abortar se convierten en determinantes de su propia vida, y arrojan cifras que no son para nada alentadoras en nuestro país.
El derecho a la vida
En la otra vereda, otro tanto de diputados se oponen a la legalización del aborto y ponen por delante el derecho a la vida, tanto de la madre como del niño por nacer. “El tema del aborto -sostiene la diputada Margarita Ferrá de Bartol – llega muy profundamente a todo lo que es la vida de las mujeres, pero también la vida de los niños y de los que están por nacer”. Por eso, al momento de adoptar una decisión sobre qué posición tomar en este tema, Ferrá de Bartol fue contundente: “No tuve dudas en adherir a aquel que garantizaba el derecho a la vida, porque de eso se trata, simplemente garantizar el derecho a la vida”, cuenta. ¿Y qué pasa con las excepciones contempladas legalmente para poder abortar? “Yo creo -responde- que esto sería motivo de debate entre quienes están en una posición radicalizada a favor del aborto y quienes están en contra de él. Habría que promover un debate, en qué casos podrían establecerse excepciones y de qué manera se pueden controlar esas excepciones”.
Para los diputados que comparten su posición, no habría que tratar de evitar sólo la muerte materna a causa del aborto, sino también de evitar la muerte del niño. Por eso, la diputada pide reflexionar sobre las motivaciones que desembocaron en esta práctica, con lo cual sostiene que “seguramente va a ser necesario un diálogo muy reflexivo en las sesiones del recinto que nos puedan conducir a una salida que evite el número de muertes en mujeres por situaciones de aborto, y que por otra parte garantice la vida del niño por nacer (…), es decir que habrá que buscar un punto de equilibrio donde nosotros podamos decir sí a la vida de todos: del niño por nacer y de la mamá que quedó embarazada”.
El objetivo, para nada fácil, puede encontrar una salida en otra práctica cuyo debate el Congreso también adeuda: la adopción. “Para mi es fundamental -puntualiza Ferrá de Bartol-, porque va a crear un clima de contención para el niño que nace y que pueda ser adoptado por otra persona cuando la mamá resuelva desprenderse de él”, lo que “va a abrir una instancia de incorporación de estos niños ‘no deseados’”. Por este motivo, a juicio de la legisladora, el debate debería complejizarse, ya que “abordar en sentido estricto el tema del aborto en soledad no es lo más recomendable”. Pero primero, progresar en una nueva Ley de Adopción que garantice su transparencia debería pasar a formar parte de la agenda legislativa. “Lamentablemente -opina la diputada sanjuanina-, los niños por nacer no tienen representante, ni tienen voz para defenderse, entonces nunca olvidemos esa situación, que cuando nosotros decimos defensa a la vida es tratar de que el niño viva porque el niño es un castigado sin voz. Es defender el derecho a la vida de quienes no tienen voz. Alguien tiene que hablar por ellos”. Por eso, la conclusión de quienes se oponen a la interrupción voluntaria del embarazo es simple: “no hay que olvidarse que quienes estamos en la posición contraria al aborto lo que estamos diciendo es que estamos a favor de la vida”, sentencia la oficialista.
El debate en el Congreso
“Seguramente habrá un profundo debate sobre este tema -pronostica Ferrá de Bartol-; no se trata de un propósito partidario, sino de un grupo de legisladores de distintos partidos que participan. Quiere decir que el tema no es partidario, sino es una concepción de lo que significa la vida”.
Por su parte, Juliana Di Tullio reconoce que el debate sobre el aborto “es una deuda del Congreso nacional”, que “es el lugar privilegiado y el lugar adecuado para debatir este tema”. Sin embargo, la diputada advierte que la posibilidad real de esta discusión parlamentaria aún está bastante inmadura: “Todavía no hay una situación formal ni tampoco demasiado clara acerca de esta discusión, que tiene que ser formal y clara. Por ahora yo creo que son aproximaciones, y que hay alguna voluntad. Lo que hay es un “como si” empezar a debatir en el Congreso cuando en realidad nosotros sabemos que no estamos debatiendo sobre ningún proyecto concreto. No estamos discutiendo sobre proyectos, estamos discutiendo sobre el tema”, considera. Sin embargo, Di Tullio se muestra optimista de cara a incorporar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo al debate legislativo: “Yo creo que toda iniciativa, aunque sea informal por el momento, es un buen acercamiento para tratar formalmente el tema. Creo que además la única forma de poder abordar este tema es transversalmente, como se ha hecho también con estos temas que han tenido conflicto en este Congreso, porque en la sociedad argentina tiene saldado este debate sobre el aborto, quien no tiene saldado ese debate es el Congreso nacional”.
