Noventa y siete proyectos de ley, 679 de declaración, 152 de resolución y 164 de comunicación, y 31 horas y cuatro minutos de actividad en el recinto son los datos a destacar del primer semestre de sesiones en la Cámara alta.

Si bien el pleno del Senado no se reunió dos veces por mes, tal como habían establecido los presidentes de los distintos bloques, se pudo sesionar mucho más que en la Cámara baja, y se aprobaron y sancionaron importantes proyectos.

La única sesión que faltaba para cerrar el primer semestre del año era la del 27 de julio, que duró tres horas y 30 minutos (desde las 14:42 hasta las 18:12): ese día se aprobaron 31 iniciativas de ley, 132 de declaración, 12 de resolución y 17 de comunicación, que dan un total de 192 proyectos avalados por el pleno de la Cámara alta.

Los proyectos

Sumas no remunerativas. La iniciativa impulsada por el radical Eugenio “Nito” Artaza propone, en su primer artículo, que “a partir del 1 de enero de 2012, toda suma cuya obligación de pago a favor de los trabajadores se establezca en convenios colectivos, o acuerdos de igual naturaleza, tendrá carácter remuneratorio”. El proyecto del legislador correntino también establece que “en las negociaciones colectivas que se desarrollen en el año 2011, las sumas que con carácter no remunerativo sean pactadas a favor de los trabajadores, sólo podrán mantener tal carácter por el término de seis meses, convirtiéndose en remuneratorias a todos los efectos legales y convencionales a partir del mes subsiguiente”, y que “las sumas con carácter no remunerativo pactadas en 2011 no podrán ser superiores al 50 por ciento del incremento salarial acordado en esa negociación colectiva”.

Personal de casas particulares. El texto, que fue votado en general por la Cámara alta, deberá aprobarse en particular, aunque la discusión en el recinto, según confiaron fuentes a Parlamentario, no se daría en los próximos meses ya que hay varias diferencias en cuanto a lo que avaló Diputados.

Lavado de activos. La iniciativa impone la tipificación del lavado de activos como “delito autónomo” y elimina la restricción que une esa figura con el encubrimiento de acciones ejecutadas por terceros, algo que impide la persecución penal del comúnmente llamado “autolavado”. El texto aprobado también contempla la suba de los montos de punibilidad del tipo penal a 300.000 pesos. Además, el que realice una maniobra de lavado inferior a 300.000 pesos, tendrá la misma pena que el encubrimiento. Por otra parte, se prevé la autonomía y autarquía financiera de la Unidad de Información Financiera (UIF): para las designaciones, se deberán hacer concursos públicos en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, y el Poder Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la UIF en caso que los mismos incurran en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia.

Fábricas recuperadas. Uno de los principales puntos de la ley es que las cooperativas serán reconocidas como sujetos jurídicos para participar en procesos de recuperación de empresas. Además se obliga al Estado a dar subsidios para capital de trabajo, además de proveer apoyo técnico, entre otras cosas. Otro aspecto importante es que no se podrán transferir los pasivos laborales a las empresas recuperadas.

Protección Integral para las Personas Trasplantadas. La iniciativa aprobada por la Cámara alta -debe tratarse ahora en Diputados- señala, en su primer artículo, que el objetivo es “proveer los instrumentos necesarios para facilitar su integración familiar y social, mediante la atención médica integral, educación, seguridad social e inserción laboral adecuadas a su condición”.

Producción pública de medicamentos. La ley declara “de interés nacional la investigación y producción pública de medicamentos, materias primas para la producción de medicamentos, vacunas y productos médicos, entendiendo a los mismos como bienes sociales”. La iniciativa expresa que la finalidad de la ley es “promover la accesibilidad de medicamentos, vacunas y productos médicos y propiciar el desarrollo científico y tecnológico a través de laboratorios de producción pública”. El texto además detalla que la autoridad de aplicación será “el Ministerio de Salud de la Nación”, y que serán considerados laboratorios de producción pública los “del Estado nacional, provincial, municipal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de las Fuerzas Armadas y de las instituciones universitarias de gestión estatal”.

Emergencia de zonas afectadas por las cenizas volcánicas. El proyecto declara “zona de desastre y emergencia económica, social y productiva a diversos departamentos de las provincias de Río Negro y Neuquén afectados por la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordon Caulle”.

Seguridad vial. Los legisladores también avalaron, de manera unánime, una norma que modifica artículos del Código Penal en cuanto a delitos sobre seguridad vial. Reclusión, prisión, multas, inhabilitación y prestación de servicios comunitarios son las penas que marcan los nuevos cambios.

Beneficio a víctimas de la Embajada de Israel. Se otorga un “beneficio extraordinario a las víctimas del atentado terrorista perpetrado contra la sede de Embajada del Estado de Israel en la República Argentina, ocurrido el 17 de marzo de 1992 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. La iniciativa, votada de manera unánime por 41 senadores, destina resarcimientos económicos “a través de sus herederos, o por sí, en su caso”, a “las personas que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas”.

Beneficio a víctimas del atentado a la AMIA. El proyecto establece una indemnización a las víctimas del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido el 18 de julio de 1994. Los legisladores, de esta manera, intentaron recuperar una iniciativa original que fue presentada hace dos años y medio pero que perdió estado parlamentario, ya que el texto fue aprobado en la Cámara alta y pasó a Diputados, que nunca lo trató.

Régimen previsional para trabajadores agrarios. La iniciativa impone que “los trabajadores rurales y aquellos que realicen tareas agropecuarias en la agroindustria gozarán de un régimen previsional diferencial, pudiendo acceder a la jubilación ordinaria cuando alcancen la edad de 57 años, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional”.

Estatuto para teleoperadores. Se establece un estatuto para “los teleoperadores y sus empleadores por el trabajo que se preste en los centros de atención de llamadas, también denominados como call centers”.

Educación en cárceles. El proyecto de ley impone que “todas las personas privadas de su libertad tienen derecho a la educación pública”. En el texto se señala que el “Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires tienen la responsabilidad indelegable de proveer prioritariamente a una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas privadas de su libertad en sus jurisdicciones”. Además se expresa que siempre se deberá “garantizar la igualdad y gratuidad en el ejercicio de este derecho, con las participación de las organizaciones no gubernamentales y de las familias”.

Los datos del semestre

Horas en el recinto: 31 horas y cuatro minutos.
Proyectos de ley: 97.
Proyectos de declaración: 679.
Proyectos de resolución: 152.
Proyectos de comunicación: 164.
Total de iniciativas: 1.092.