A través de una iniciativa parlamentaria, que espera su tratamiento en la sesión del próximo jueves en la Cámara alta, el presidente del bloque Gen–PS, Jaime Linares, le solicita al Congreso Nacional la sanción de un marco normativo que regule una práctica tan compleja como es el de las “madres sustitutas” o “vientres subrogados”, en virtud del crecimiento de los ofrecimientos vía Internet de “alquiler de vientre” que se viene dando en los últimos años.

“El alquiler de vientres -señaló el legislador bahiense en los fundamentos-, se concreta cuando una mujer acepta gestar en su cuerpo un bebe que no reclamará como hijo propio. A veces, el bebe es concebido con el óvulo de la madre contratada y el espermatozoide del padre contratante (no permitido en otras legislaciones). Otra de las posibilidades es transferir el embrión concebido con el esperma y el óvulo de los padres contratantes al útero de la madre de alquiler. También, el óvulo y el esperma pueden ser aportados por personas ajenas a la pareja que contrata y a la madre suplente. La fecundación in vitro siempre está de por medio, el embrión se implanta en la madre sustituta. Una vez nacido el hijo, la mamá sustituta debe ceder al bebé y renuncia a sus derechos de madre. Entonces la mujer de la pareja contratante adopta a la criatura”.

“Un vientre ajeno es la única posibilidad de traer al mundo un hijo biológico para muchas parejas que no pueden tener hijos en forma natural”, sentenció Linares, para agregar luego que “el mayor miedo de las parejas a las que les gustaría optar por la opción de alquilar un vientre en nuestro país es que para el Código Civil, ‘madre es la que parió’, con lo cual si la mujer que alquiló su vientre y dio a luz no quiere entregar a la criatura, lleva todas las de ganar ante la Justicia”.

“A no ser que la madre que aportó el óvulo, en ese supuesto caso, pareja del hombre que dio su esperma para la fecundación en el útero del vientre rentado, se presente como tercero interesado. Esto es parte de lo que consideramos debe ser regulado”, agregó el diputado.

El titular de la bancada Gen-PS recordó que “son pocos los que reconocen en público que estas prácticas se realizan en el país. En la Argentina, el alquiler de vientres no está legislado, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en donde está permitido en algunos estados. Realizar la operación completa en ese país cuesta entre 30.000 y 70.000 dólares de base promedio. Otros estiran la cifra a 120.000 dólares cuando las cosas se complican”.

“Dentro de esa zona gris, sin ley ni normas, ni Estado que controle -finalizó Linares-, encuentra su cauce el alquiler de vientres y abre, al mismo tiempo, un debate en el que se encuentran convicciones religiosas, límites bioéticos, necesidades emocionales, por un lado, económicas por el otro, y una delicada discusión sobre la aceptación de la maternidad como negocio y del cuerpo femenino como una mercancía sujeta a las leyes del mercado. Según los especialistas, en la Argentina, como mínimo, 1 de cada 10 personas tiene algún problema de infertilidad, es a todo esto que consideramos necesario dar un marco normativo que regule una actividad que en la práctica existe y que en muchos casos conlleva a abusos, y proteja tanto la integridad del hijo que se engendra, como el derecho de las personas a ser padres”.