La norma establece que, en caso de amenaza o ruptura del orden democrático en uno de los países miembros, los respectivos jefes de Estado se reunirán para considerar en forma consensuada las medidas a ser adoptadas.
A una semana de convertir en ley el Convenio Constitutivo del Banco del Sur, la Cámara de Diputados continuará con el tratamiento de legislaciones destinadas al fortalecimiento de la integración de los países de América Latina.
En esta oportunidad, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja analizará este miércoles el “Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia”, celebrado en Georgetown, Guyana, el 26 de noviembre de 2010 por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela.
El Protocolo establece que, “en caso de amenaza o amenaza de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos”, el Consejo de jefas y jefes de Estado de los países miembros de la Unasur se reunirán en una sesión extraordinaria a fin de considerar “en forma consensuada, la naturaleza y alcance de las medidas a ser aplicadas”.
A fin de reestablecer el proceso político institucional democrático, el Consejo podrá suspender los “derechos a participar en los distintos órganos e instancias de la Unasur y del goce de los derechos y beneficios conforme al Tratado Constitutivo” del mismo”; y cerrar en forma parcial o total “las fronteras terrestres incluyendo la suspensión o limitación del comercio, tráfico aéreo y marítimo, comunicaciones, provisión de energía, servicios y suministros”.
Asimismo, el Consejo podrá “promover la suspensión del Estado afectado en el ámbito de otras organizaciones”; “promover ante terceros países o bloques regionales la suspensión de derechos y/o beneficios”; y aplicar “sanciones políticas y democráticas”.
Por medio del Protocolo, los países miembros “interpondrán sus buenos oficios y realizará gestiones diplomáticas para promover el restablecimiento de la democracia en el país afectado”.
La iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo cuenta con la aprobación del Senado y en caso de tener dictamen de Relaciones Exteriores podrá ser tratada sobre tablas.
