El informe dado a conocer por la cadena BBC en el que se muestra la realización de disparos de ametralladoras pesadas y otras armas de guerra a las aguas del Atlántico Sur durante un ejercicio militar desarrollado por el buque británico HMS Clyde, en el marco de sus misiones de patrullaje, de búsqueda y rescate (SAR) y de apoyo a otras embarcaciones que operan en el Atlántico Sur, motivó al diputado nacional Julio Martínez (UCR La Rioja) a presentar un proyecto de declaración repudiando dichas maniobras.

“A casi tres décadas del enfrentamiento bélico, existe un mandato constitucional que nos obliga a los argentinos a resolver esta controversia por medios pacíficos y de acuerdo con el derecho internacional”, señaló Martínez.

Pero paralelamente, el legislador riojano, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara baja, manifestó su “enorme preocupación” por “el estado de precariedad de nuestras Fuerzas Armadas para defender nuestro territorio nacional y nuestra plataforma marina”.

“Todos los países del mundo desarrollan un poder de fuego disuasivo suficiente y necesario para poner límites de resguardo a la prepotencia y ambición de otros, menos Argentina, que no puede pensar en una acción disuasoria porque no tiene capacidad logística ni operativa, ni se puede hacer respetar porque carece de medios para plantear una posición de fuerza”, indicó Martínez.

“Queda absolutamente claro que el Atlántico Sur es para Gran Bretaña uno de los ejes centrales donde se disputará el futuro dominio geopolítico y geoeconómico. Frente a esta amenaza generada por la creciente militarización y posibilidades de nuclearización del Atlántico Sur, tenemos el deber y la responsabilidad de prestar debida cuenta del fenómeno para actuar en consecuencia”, señaló el legislador radical.

El diputado Martínez expresó: “La amenaza explícita por parte de Gran Bretaña de usar la fuerza en caso de ser necesario ya excede todos los límites tolerables”, razón por la cuál el legislador radical exige al Poder Ejecutivo Nacional “redoble y sostenga de manera permanente todos los esfuerzos diplomáticos necesarios para obligar a Gran Bretaña a negociar la soberanía de Malvinas”.