El exhorto del juez Alejandro Catania enviado a siete diarios generó un pronunciamiento de los principales bloques de la oposición en el Congreso. Siguen las reacciones adversas.
Por más aclaraciones que haya, el pedido del juez en lo penal económico Alejandro Catania a medios de comunicación para que le suministren un listado de periodistas que hayan escrito sobre inflación en los últimos años.
Recordemos que la medida se vincula con la causa iniciada por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, contra consultoras económicas por divulgar datos estadísticos diferentes de los que expresa el INDEC.
Ante esta situación, la titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Silvana Giudici, consideró que el magistrado “se extralimita y es funcional a las estrategias del Ejecutivo”. A juicio de la diputada, lo que se pretende es “destruir al INDEC” y “la película continúa con la censura y ahora con la sanción a las consultoras privadas y a los periodistas”.
“Si esto sigue así cualquiera señora que salga del supermercado y diga que aumentaron los precios va a ser sancionada”, advirtió en declaraciones radiales. A juicio de la diputada radical, “la idea es que haya una predominancia de la voz del Gobierno. El Gobierno cree que puede callar la voz de todos. Todos tenemos la posibilidad de decir lo que se nos cante a pesar de que a Guillermo Moreno y a la presidenta no les guste”.
“Cuando en un país se imponen multas a determinadas instituciones o empresas, y se intenta callar a los periodistas que escriben sobre la economía, todo es posible, en un gobierno donde existe Moreno. La verdad que no somos nosotros los que estamos equivocados, acá hay un nivel de impunidad y de autoritarismo por parte del ejecutivo que ha impuesto en la Argentina este clima de censura y de intimidación permanente sobre la prensa y los periodistas independientes”, expresó Giudici.
Su correligionario Ricarddo Gil Lavedra, presidente del bloque de la UCR, alertó sobre “un Estado policíaco que trata de infundir el terror”. Y sugirió que se trata de “un alerta respecto de lo que puede venir”.
El peronista federal Gustavo Ferrari consideró “bastante antojadiza” la acción del juez Catania, y fue aún más lejos al sugerir que se trata de “una especie de amenaza pública”. Para el legislador narvaísta, “la causa está yendo a un ritmo que no es habitual, eso sí es objetivo. No creo que el juez se haya cortado solo, de ninguna manera. Hay un clima de época”.
A su vez, desde la Coalición Cívica Patricia Bullrich consideró que el exhorto del juez “es claramente intimidatorio, por eso yo le pedí públicamente al doctor Catania que retire de manera inmediata este exhorto”
Bullrich calificó al magistrado como “un juez que recién comienza y quizá se da cuenta que lo penal económico y lo constitucional son dos materias muy distintas, que tiene que tener mucho cuidado. Quizá lo retira”.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán consideró que “la acción de Moreno y la decisión del juez Alejandro Catania que requirió a diversos medios de comunicación datos de periodistas que escriben sobre inflación, atenta contra la libertad de expresión”.
“El juez Catania está avasallando la Libertad de expresión. En vez de dedicar su tiempo a hacer listas negras de periodistas, debería haber llamado a declarar a los funcionarios responsables de que pasaran 1000 kg de cocaína por delante de sus narices”, afirmó Morán, agregando que el magistrado “actúa como otro juez, muy solicitado en estos tiempos, al servicio del poder. Hace nueve meses que le vengo pidiendo que llame a un funcionario a explicar por qué se le pasaron 1000kg de cocaína por delante de sus narices y ni siquiera pidió su direccion para citarlo a declarar”, continuó el diputado Morán.
A su vez, el diputado nacional socialista Roy Cortina, integrante de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara, alertó sobre el “peligro institucional” que genera el hecho que un juzgado federal solicite información sobre los nombres, direcciones y teléfonos de periodistas, editores y redactores que publicaron notas sobre la inflación desde el año 2006 a la fecha. Puntualmente, el legislador socialista expresó: “Se trata de un nuevo intento de amedrentar a los medios de comunicación que constituye un grave avasallamiento a la libertad de prensa y lesiona principios básicos de la democracia”.
“Es lamentable que haya quienes, en el ámbito judicial, se hagan eco de la cacería de brujas iniciada por Moreno contra economistas y periodistas, para cercenar la difusión de datos certeros sobre la inflación en nuestro país”, concluyó Cortina que integra el interbloque del Frente Amplio Progresista (FAP).
Por su parte, el abogado constitucionalista, Gregorio Badeni, comentó que “me parece una decisión muy desafortunada que solamente puede ser fruto de la ignorancia o de la soberbia de un magistrado judicial, porque si el quiere saber que se escribió en los diarios sobre la inflación, es un documento público, está a disposición de el, que el o alguien del juzgado se tome la molestia de leer las páginas de los diarios para ver que se publicó”.
Badeni, dijo que “los periodistas ejercen su derecho a expresar sus opiniones y eso no se puede censurar en la medida que constituya un delito, y acá no se ve la existencia de un delito”. Por Radio El Mundo, afirmó que “el tema de las multas a las consultoras es inviable, además la información que dan las consultoras no es información oficial, los destinatarios de esa información son libres de creer o no en ellas en función de la credibilidad que le merece la consultora. Si empezamos a sancionar todo eso para establecer una sola respuesta, una sola verdad, entonces se acabo a libertad de expresión. Entonces no estamos en un sistema democrático sino en un autoritarismo”.
Para el abogado, “el juez fue sumamente imprudente, que no midió las consecuencias de sus actos, quizás a su falta de experiencia en la función judicial”.
