La Legislatura porteña aprobó la ley que establece el procedimiento que regulará la sanción de las faltas denominadas “especiales” y determinó la posibilidad de recurrir en sede administrativa la condena acaeacida.
El Parlamento sancionó la ley con 40 votos a favor, 8 en contra y una abstención el régimen que reglará las sanciones de las faltas especiales que se encuentran encuadradas en el marco de la ley 1217 y que con su aprobación distinguió entre faltas de tránsito y el resto de las faltas, denominadas especiales.
La iniciativa propone una serie de modificaciones al procedimiento que se establece en la Ley Nº 1217, teniendo en cuenta la distinción que la norma determinaba entre faltas de tránsito y las especiales.
En cuanto a la resolución de estas últimas, se especifica que serán los Agentes Administrativos de atención de Faltas Especiales el ámbito en el que se dictarán las resoluciones con el procedimiento que para el caso está estipulado.
Al respecto el proyecto sostenía que uno de los primeros objetivos que tiene es reducir los plazos ante el caso de faltas especiales, en muchos casos a la mitad, a fin de dar mayor agilidad a este procedimiento.
También se agrega la figura del Defensor Oficial para asistir al presunto infractor y la posibilidad de recusar con causa al Controlador Administrativo de Faltas, al Agente Administrativo de Faltas Especiales o a los miembros del Ministerio Público Fiscal, según las causales establecidas en el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, se incorpora la posibilidad de recurrir en instancia administrativa la resolución del Agente Administrativo de Atención de Faltas Especiales ante su superior jerárquico, sin afectar lo que dispone la Ley Nº 2128 en cuanto a que la Unidad Administrativa de Atención de Faltas Especiales actúa como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas.
Es decir, independientemente que el particular ya puede iniciar acciones ante el Poder Judicial, se le ofrece al infractor la posibilidad de solicitar previamente a la vía judicial que un superior del Agente Administrativo de Atención de Faltas Especiales revise la resolución.
Se asegura, asimismo y en caso que el infractor lo requiera, el control judicial suficiente, en los términos exigidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
